A mí que ni me pregunten…

Por: Daniel Godoy Peña

“La Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades; guárdala y cuídala; mantén el honor y el orden en tu propia casa, y la Republica perdurará.”

Gerald Ford

Desde que el mundo es mundo y la política existe, ¿Cuántas guerras, atrocidades, atropellos y violaciones al Estado de Derecho no se han perpetrado por parte de políticos, líderes y dirigentes de cualquier signo, quienes para justificar cualquier decisión alegan siempre estar actuando en “defensa de la Constitución y por el bienestar del pueblo”? La relación de hechos y eventos podría ser interminable y, sin duda, Venezuela no es la excepción; particularmente en los últimos 20 años, la revolución bolivariana no solo llegó al poder como un movimiento político, sino también como un movimiento constitucional, ya que esa fue su principal oferta electoral y para materializar esa promesa debió recurrir a la extinta Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados de entonces, por medio de una interpretación jurídica que burlaba abiertamente la Constitución de 1961, allanaron el camino para convocar la Asamblea Constituyente de 1999.

A partir de ese entonces, no pocas veces se ha usado e interpretado uno de los textos constitucionales más avanzados del continente como lo es nuestra Carta Magna, para justificar un sinfín de acciones políticas al margen de ella y todas con el pretexto de defender la democracia. Quienes militamos en la oposición siempre hemos apelado a nuestra condición de demócratas y de ser respetuosos de la ley para poder alcanzar los éxitos políticos que hemos logrado y cabe destacar que, todos ellos siempre han llegado cuando los hemos buscado dentro del marco de la Constitución: la victoria en el referendo de 2007, el incremento de gobernaciones y alcaldías en las elecciones regionales de 2008, el retorno a la Asamblea Nacional en el 2010, la mayor cantidad de votos obtenidos en las contiendas presidenciales de 2012 y 2013 y la obtención de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional en el 2015.

Por estas razones, debo confesar que llama poderosamente mi atención el acuerdo aprobado el pasado 1 de octubre por parte de la Asamblea Nacional para convocar una “Consulta Popular”, porque creo que esta “Consulta” de dos preguntas no es una simple declaración política emanada del Poder Legislativo, pues, aunque parezca a todas luces inofensiva y muy democrática, podría encerrar acciones que estarían fuera del orden constitucional y que pondría en posible peligro la vida y la integridad física de los venezolanos. Estoy convencido que somos muchos quienes habiendo apoyado resueltamente hasta ahora al Parlamento, no estamos dispuestos a firmar cheques en blanco.

Dentro de la citada “Consulta” la primera pregunta es la siguiente: 1. ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?

Y me cuestiono: ¿Cuáles son y qué implican “todos” los mecanismos? ¿Qué significa tener más presión internacional? ¿Por qué no se habla también de los medios diplomáticos necesarios para poder lograr las condiciones necesarias para realizar los próximos comicios legislativos? Es a todas luces un error seguir condicionando la participación en las elecciones parlamentarias a la realización de unas presidenciales que no figuran en la Constitución sino hasta dentro de unos años; así como también lo es seguir alimentando esa especie de mantras donde los pasos deben cumplirse a rajatabla y, donde ya sabemos cuáles son las consecuencias y en qué terminan (cese de la usurpación, gobierno de…)

Si bien es cierto que, para el gobierno de Nicolás Maduro, ya es muy difícil ganarse la confianza del resto de mundo, no es menos cierto que no toda acción emprendida por la oposición venezolana contará con el beneplácito de la comunidad internacional y menos a cualquier precio, porque hay que tener cuidado con las ofertas engañosas. Todo parece indicar que el próximo 6 de diciembre -con o sin condiciones- se celebrarán las elecciones parlamentarias y las funciones de la actual Asamblea Nacional cesarán, automáticamente, el próximo 5 de enero de 2021; por eso es inevitable preguntarse si unos de los “Mecanismos” que nos piden que apoyemos mediante la llamada “Consulta Popular” incluye, también, aunque no lo diga, una Asamblea Nacional en el exilio, porque ¿Qué le brinda su legitimidad a la Asamblea Nacional, el voto de los venezolanos o el reconocimiento internacional de unos cuantos países?. La respuesta es de Perogrullo.

La segunda pregunta está relacionada directamente con las elecciones del 6 de diciembre: 2. ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados? Otra vez los cuestionamientos son inevitables: ¿Es la elección de la Asamblea Nacional un “Evento” convocado por el Ejecutivo Nacional o es un mandato de la Constitución? Creo, como muchos venezolanos, que no existen las garantías ni las condiciones necesarias que hagan de los próximos comicios un proceso totalmente confiable, pero eso no les quita su carácter constitucional. Los partidos opositores del denominado G4 agrupados en la Asamblea Nacional, pueden llamar a sus seguidores a no votar, pero lo que no pueden permitirse es tildar despectivamente de “Evento” un precepto constitucional, porque si pretendemos ser mejores que nuestros adversarios lo primero que debemos hacer es colocarnos del lado de la Carta Magna y no descalificarla.

La incoherencia en la política, y en la vida, termina pasando factura tarde o temprano, porque no se puede ir por la vida diciendo “A” y haciendo “B”. La Constitución Nacional no es -ni puede ser nunca- un conjunto de artículos impresos en unas hojas, para que quienes ejercen cargos de representación popular la usen e interpreten a su antojo y conveniencia. Vale recordar, llegados a este punto, que fue esa misma Constitución la que permitió en el 2015 que la oposición obtuviese su mayor triunfo político de los últimos 20 años: ¿Por qué, entonces, se empeñan nuestros diputados en comportarse de la misma forma que el gobierno y desconocer nuestra Carta Magna?

La lucha por recuperar la democracia tiene que estar íntimamente atada al cumplimiento de la Constitución, y el cambio que tanto necesita nuestro país no puede estar condicionado a la “Continuidad Administrativa” de ningún órgano de representación popular, sino a la lucha coherente, democrática y legal de quienes pretendemos llegar al poder por los medios que contempla la Constitución y no contra ella. En ningún caso el fin de la lucha puede justificar los medios, y mientras el objeto principal de la “Consulta” sea tratar de justificar engañosamente esa inconstitucional “continuidad” ad infinitum de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, a mí que ni me pregunten.                 

@danielgodoyp

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