Inconstitucionalidad Liberal

Por: Daniel Godoy Peña

“Se puede ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorarla” 

Ayn Rand

Después de más dos años de casi total inactividad, la Asamblea Nacional Constituyente, por solicitud del Ejecutivo Nacional, aprobó hace unos días una ley de “Carácter constitucional” que no redactó ella, sino que se la entregaron para que la sancionara sin mayor discusión. Hecho el mandado, y luego de haber sido encarpetada en un llamativo portafolios rojo para la firma del presidente Maduro, fue recibida por éste, con bombos y platillos en Cadena Nacional, como si la solución de todos los males que atraviesa el país estuviera contenida en ese documento.

Pero ¿Qué encierra esta nueva Ley Antibloqueo, que ha sido criticada y tachada de inconstitucional por la oposición venezolana (como era lógico) y también por algunos dirigentes que acompañaron al expresidente Chávez quienes además la tildan de antirrevolucionaria? ¿Por qué cierto sector del chavismo increpa a la oposición venezolana para que alce su voz contra esta norma?

Lo que es una realidad es que el gobierno de Maduro busca, de forma desesperada, eludir las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea y poder así hacer negocios con sus aliados comerciales Rusia, China, Turquía e Irán, solo por mencionar los más conocidos; convencido como está de que pudiendo acceder al libre manejo y administración del Patrimonio Nacional logrará resolver lo que, por mucho tiempo, es el principal problema de los venezolano, la economía, cuyo exponencial deterioro se ha visto agravado por la pandemia y por las sanciones económicas de los EE.UU.

Cuando la administración Obama aplicó las primeras sanciones contra algunos funcionarios del gobierno venezolano, y que luego fueron ampliadas y endurecidas por parte de la administración de Donald Trump, lo hicieron creyendo que de esta forma el gobierno venezolano y sus principales líderes abandonarían el poder. Una vez más los Estados Unidos ignoraron que la fracasada política de las sanciones es un error y que, en vez de debilitar el poder de Maduro, lo que logró fue arrojarlo más en los brazos de sus rivales económicos. El giro que han tomado las cosas con respecto a Venezuela los últimos meses coloca en entredicho aquello de que “todas las opciones están sobre la mesa” porque, con rusos, chinos, turcos e iraníes intensamente involucrados económicamente con nuestra nación, la cuestión pinta totalmente distinta.

La situación hoy en día, luego de siete largos meses de cuarentena, es que los venezolanos hemos internalizado que debemos aprender a vivir con la pandemia para poder sobrevivir tratando de llevar una nueva normalidad, que nos permita ser productivos en términos económicos. Pero no solo el venezolano de a pie se ha dado cuenta de esta realidad, sino que el gobierno también y es ahí donde entra en juego la nueva inconstitucionalidad liberal llamada Ley Antibloqueo. Es obvio que las sanciones no están dirigidas como acción política para que se produzca un cambio negociado, sino que son una acción económica contra algunos altos funcionarios del gobierno y contra las empresas propiedad de la nación que afectan gravemente el ya maltrecho aparato productivo del estado venezolano y que no permiten las actividades económicas normales entre naciones. Como si no se hubiesen equivocado suficientemente durante el último siglo, Estados Unidos recurre con Venezuela al fracasado experimento de las sanciones, pensando que de esta forma se lograría una agitación social que sirviera de fermento para que el gobierno de Maduro se fuera, o que los militares venezolanos frente al miedo de ser sancionados, actuasen para derrocarlo.

Ninguno de los dos supuestos se ha cumplido, porque aquellas sanciones que se vendieron como que solo afectarían a Maduro y a su camarilla, en realidad tienen como finalidad afectar y exacerbar el deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos para llevarlos al límite (por lo cual son gravemente inmorales) y que sea eso lo que genere un violento cambio político, a cualquier precio. Seamos claros: quien sigue pidiendo más sanciones contra Venezuela: o no vive aquí, o sus ingresos económicos son muy altos como para estar preocupándose por esas “nimiedades”. Si bien es cierto que la negligencia y la incapacidad chavistas llevaron a PDVSA a su ruina, no es menos cierto que las sanciones han impedido que podamos vender el poco petróleo que producimos, o comprar gasolina para abastecernos, por ejemplo. Y eso, créame, a quien menos afecta es a Maduro ni a los suyos, ni tampoco a los exhibicionistas enchufados, ni a los obscenos boliburgueses. La historia es pródiga en ejemplos.

Pero, ¿Por qué es tan incómoda esta ley para algunos chavistas de viejo cuño, ex ministros, allegados al expresidente Chávez? ¿Por qué se atreven a alzar su voz para decir que este texto normativo es inconstitucional y deja a discrecionalidad del Ejecutivo el manejo de empresas y negocios del Estado venezolano -aquí y en el extranjero- sin que ello sea controlado por la Asamblea Nacional? No creo que sea producto de un arrebato institucional y legal por parte de esa disidencia interna, sino que creo que todo el alboroto que ha armado ese sector más conservador del chavismo obedece a que esta ley da al traste con las ideas económicas del socialismo del siglo XXI, lo cual se les reputa como todo un “sacrilegio” a la memoria del Comandante Eterno que llegó al final de su vida sin poder ver materializado ese sueño del “Hombre nuevo”. Ni el naufragio.

Maduro entendió claramente, hace ya un tiempito, que si no había un viraje de 180° en la economía y no empezaba a desmontar el sistema económico actual, no tenía manera de salvar ni a su gobierno, ni a lo que queda de las empresas del Estado, y es por eso que necesita esta ley para poder vender, privatizar, entregar en concesión o revertir expropiaciones y darlas a manos de capitales nacionales o extranjeros, privados o mixtos, que sean capaces de ponerlas a producir. Tras toda la debacle ocasionada por ellos mismos parecen haber aceptado pragmáticamente que el modelo fracasó rotundamente y que por más que traten de justificar esta “Ley Constitucional” como una medida contra la agresión que representan para Venezuela las sanciones gringas, desde hace un par de años cuando se acabó con el control de cambio, se eliminaron impuestos y aranceles a la importación de algunos productos de primera necesidad (comida, bebidas, detergentes, y todo lo que usted encuentre en un bodegón), etc., y ahora con esta ley, lo que se está haciendo es firmar el acta de defunción de la política económica de Chávez, Giordani y compañía.

Por otro lado, tenemos una oposición ensimismada y perpleja que se ve en la obligación de decir algo que es verdad y es que la ley es inconstitucional en todas sus partes, desde la primera letra hasta el espacio donde va la firma del presidente Maduro, pero que tiene que hacer sus afirmaciones con la “boca chiquita” porque esta misma ley viene a plasmar, aunque sea de forma inadecuada, un anhelo de quienes se hacen llamar defensores del libre mercado, pues como lo establece en su articulado, y lo mencioné arriba, le otorga facultades amplias y discrecionales al Ejecutivo Nacional para poder establecer nuevos esquemas de negocios con empresas nacionales o extranjeras para la explotación, adquisición y prestación de servicios, que son de vital importancia para el país: es el presagio del Estado deslastrándose de empresas, empeños perdidosos y de gigantes sacos rotos. Se ha quedado enganchada la oposición en vocear contra ley para que esas actividades de la Inconstitucionalidad Liberal -como he decidido llamar a esta ley- no les sean entregadas a los actuales socios del gobierno (por más libertad de mercado que ella implique), pero es obvio que la voz de la oposición hoy en día sufre de una severa afonía a lo interno.

Todavía falta mucho para saber si este nuevo invento funciona; conocer quiénes -además de los sospechosos habituales (rusos, chinos, turcos, iraníes)- buscarán estar detrás de la explotación de los distintos sectores de la economía venezolana porque, al final del cuento, aunque esté de por medio una situación política que pareciera la principal causa del desastre en Venezuela, todo podría terminar resumiéndose en una frase tan sencilla como pragmática y que es internacionalmente utilizada por las democracias más avanzadas, o por los regímenes más totalitarios del mundo: “Business are business”  

@danielgodoyp

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