TIEMPOS RECIOS

Por: Rodolfo Godoy Peña

A raíz de la suspensión de las cuentas en redes sociales del presidente Trump por su supuesta incitación a la insurrección el día 6 de enero, se ha suscitado un intenso debate sobre el derecho a la libertad de expresión y sus límites, discusión que no deja de ser interesante por la importancia de las RRSS en el mundo actual y por cómo afectan, o modifican, la conducta gregaria.

Hace un par de años el laureado escritor Mario Vargas Llosa nos entregó una novela histórica que tituló TIEMPOS RECIOS donde relata los entresijos de la trama conspirativa que se urdió para derrocar en el año 1954 a Jacobo Árbenz, quien fuera el primer presidente progresista de Guatemala.  El elemento central de la obra es el poner de manifiesto la conspiración “mediática” que se fraguó para convencer y manipular a la opinión pública y al gobierno de los Estados Unidos de América, logrando hacer de la mentira, verdad.

El presidente Árbenz estaba decidido a liberar su país de la colonización a la que estaba sometida Guatemala por parte de la empresa trasnacional frutera de triste recordación, la United Fruit Company, que en el ejercicio de su misión corporativa tenía como meta el privar a los nacionales de sus tierras para ponerlas al servicio de la producción frutícola. Esta empresa ejercía una especie de feudalismo sobre la mayoría de los países de Centroamérica, con la complicidad activa y corrupta de los gobiernos.

La reforma agraria, impulsada por Árbenz, ponía en peligro el “derecho” que ejercía la trasnacional sobre el territorio guatemalteco y podía ser un ejemplo peligroso para los demás pueblos de la América, por lo cual se inicia desde la directiva de esa compañía -y ejecutada a través de un periodista de nombre Edward Louis Bernays, quien tenía vinculaciones tanto con la empresa como con el gobierno norteamericano- una potente campaña contra el presidente y su gobierno, que para la época se limitaba casi exclusivamente a los medios impresos. La tramoya mediática se fraguó luego de que el gobierno nacionalizó más de 80.000 hectáreas de tierras ociosas propiedad de la United Fruit Company.

Detrás del golpe se encuentra una mentira que pasó por verdad y que cambió el devenir de América Latina: la acusación por parte del gobierno de Eisenhower de que Árbenz alentaba la entrada del comunismo soviético en el continente. Ese montaje “mediático” logró el golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas y que estaba auspiciado por Estados Unidos, a través de la CIA, para derrocar al gobierno legítimo.

Para las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado, algunas películas de cine categorizadas como “antisistema” denunciaban de forma bastante descarnada la capacidad de manipulación que tienen los medios de comunicación en la formación de opinión pública, especialmente la televisión, cintas como “Tarde de Perros” o “Cuarto Poder” (la de Hoffman) dejaban ver la inescrupulosa maniobra de chantaje emocional mezclado con embustes que ejercía la televisión sobre las masas.

Esa hegemonía en la formación de opinión tuvo una disrupción con el desarrollo de la tecnología y el internet, pues los medios de comunicación tradicionales han tenido que ceder su puesto de “cuarto” poder a los medios digitales, ya que tanto los televisivos como los impresos, a pesar de que migraron a plataformas digitales, sufrieron de igual manera el desplazamiento como intermediarios entre el hecho y el receptor, entre el formador de opinión y el informado. Las grandes agencias de mayoristas de noticias, los consejos editoriales y la labor periodística dejaron de ser necesarias entre el hecho y el público; y ahora, gracias a la globalización del mundo digital, los formadores de opinión no tienen ninguna barrera para trasmitir su mensaje al receptor.

Esto plantea, sin dudas, nuevas interrogantes sobre el concepto de “libertad de expresión”. En tiempos pretéritos la violación a ese derecho era perpetrado por los gobiernos contra los medios tradicionales frente a la disidencia política o a la critica, y era ejecutada a través del allanamiento o de la prohibición de circulación del medio impreso; y –en los casos más clamorosos- con la revocatoria de la concesión del espectro radio eléctrico para radio y televisión. Las redes sociales, en cambio, se han desmaterializado, con lo cual su persecución física es ilusoria y no necesitan de permisos especiales ni de concesiones estadales para funcionar.

A diferencia de los “mass-media” tradicionales, donde las opiniones emitidas y las posiciones políticas, o de cualquiera otra índole, son extensión de las de su dueño o del editor; en las redes sociales las opiniones y las posiciones se pueden denominar “colectivas – personales – anónimas” y no obedecen a la “línea” editorial de la empresa dueña de la tecnología. Murdoch es dueño del medio y controla el contenido; en cambio, Zuckerberg es propietario del medio, pero el contenido es de otros.

Si bien es cierto que la libertad de expresión es un derecho inalienable no es un derecho absoluto, en el entendido de que está sujeto a la responsabilidad derivada del respeto a otros derechos tales como la reputación, la protección de la seguridad nacional y el orden; y aun cuando las redes incorporan un formidable mecanismo para la manifestación del pensamiento, de suyo facilitan en mayor medida opiniones que promueven e instigan la comisión de delitos.

Lo primero que hay que señalar es que cuesta mucho entender cómo es posible violar la libertad de expresión del hombre más poderoso del mundo porque el presidente norteamericano tiene la posibilidad de convocar ruedas de prensa, mítines, acudir a programas de televisión o de radio, en fin, a una innumerable lista de vehículos para manifestar su pensamiento por medio de herramientas que están vedadas para la mayoría de los mortales. Por otra parte, la libertad como concepto y en especial, la libertad de expresión, debe tener como contenido sustancial la verdad, porque todos podemos tener nuestra propia opinión, lo que no podemos es tener nuestros propios hechos, de aquí que en la práctica periodística anglosajona se haya impuesto una máxima que dice: Comment is free, but facts are sacred” (“Las opiniones son libres pero los hechos son sagrados”)

Trump ha llevado sus demandas frente a más de 50 jueces, sin contar con los jueces de la Corte Suprema; ha formulado el reclamo de fraude en 4 estados gobernados por sus propios partidarios y, en más de dos meses no ha podido probar (porque carece de evidencias) haber sido víctima de un fraude electoral. Su “opinión” sobre las razones por las cuales perdió las elecciones es parte de su derecho de expresión, pero el “crear” sus propios hechos no.

Si bien es cierto que se suele hablar de Facebook, Twitter, Instagram, etc., como redes sociales, lo correcto es afirmar que estas son las empresas que prestan los servicios para la instalación de la plataforma electrónica donde funciona la red social; la “red”, en concreto, está constituida por los individuos que actúan entre ellos, de modo que estas empresas, al igual que cualquier otra organización, puede reservarse el “derecho de admisión” pero no a la a “red”, sino al uso de su desarrollo tecnológico. La “red” del presidente Trump puede seguir funcionando bajo otros métodos, ya que no hay una supresión a su libertad de expresión, lo que existe en la práctica son unas empresas que decidieron no prestarle más sus servicios tecnológicos.

Por último, si el poder judicial norteamericano fallase que el presidente Trump cometió el delito de insurrección, sedición o incitación a la violencia, las empresas tecnológicas podrían verse comprometidas como “facilitadores” por no haberlo detenido a tiempo pues es más que evidente el riesgo de reincidencia, con lo cual y sin entrar a valorar elementos éticos de la decisión, es jurídicamente prudente el que las grandes tecnológicas hayan tomado medidas de precaución ante tan impactante evento, nunca vivido por la democracia norteamericana, que la somete a unos tiempos muy recios.

@rodolfogodoyp