Descentralización: el camino al progreso

Por: Daniel Godoy Peña

“La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso”.

Peter Drucker

Estos últimos días han surgido en algunos sectores políticos y vecinales preocupación por unas declaraciones emitidas por la Jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jaqueline Faría, en las que manifestó su voluntad de proponerle a la nueva Asamblea Nacional que se integren al mencionado Distrito, los municipios mirandinos que conforman el Área Metropolitana de Caracas.

Si bien es cierto que la propuesta formulada por Faría durante una entrevista en el canal del Estado Venezolana de Televisión no ahondó ni dio detalles en qué consistía o cuáles son sus características u objetivos principales, tampoco planteó algo que fuese extraño o desconocido para quienes vivimos en el Área Metropolitana, pues desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y hasta la disolución de la Alcaldía Metropolitana de Caracas en el año 2018, los 4 municipios que integran el territorio del estado Miranda   (Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo) coordinaban política, social, presupuestaria y electoralmente con la Alcaldía Mayor.

Pero esa discusión no debe centrarse en si formamos parte de Miranda o del Distrito Capital; esta disputa no puede ser solo territorial, sino que debe existir una discusión más profunda y más seria acerca de la autonomía municipal; la descentralización; la desconcentración del poder; la participación ciudadana y la cogestión y el cumplimiento de la Constitución y el ordenamiento jurídico. A diferencia de otras regiones del país, quienes somos de los municipios capitalinos de Miranda, no respondemos: Chacao o Sucre, cuando nos preguntan dónde nacimos o vivimos, sino que decimos directamente: Caracas. Creo que hay que visualizar el bosque y no el árbol.

El primer riesgo que podría suponer la “Propuesta Faría” es atentar en contra de la autonomía, no solo de los municipios mirandinos sino también de Libertador. Estas alcaldías no son autónomos porque a alguien se le ocurrió darle ese nombre, sino porque la Constitución la define y detalla cuáles son las características de esa autonomía: la elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus impuestos; y es ahí donde debemos estar atentos, no solamente las autoridades electas de estos municipios, sino todos los ciudadanos independientemente de nuestras tendencias políticas.

La autonomía de nuestros municipios desde 1989 (año en que se realizaron las primeras elecciones regionales y municipales para la escoger gobernadores, diputados a los consejos legislativos, alcaldes y concejales) trajo consigo una mayor interacción de los ciudadanos con sus autoridades y le permitió a los municipios desarrollar una serie de políticas públicas que incidieron directamente en mejorar la calidad de vida de sus habitantes: la creación de las policías municipales, el desarrollo de sistemas de atención primaria de salud, la intervención directa en la vialidad, semaforización o la construcción de espacios de esparcimiento y recreación, etc.

Es importante que la propuesta tenga como piedra angular para sostenerse la participación ciudadana; en primer término, en el plano de lo electoral, ya que la conformación e integración del Distrito Capital no solo debe preservar la autonomía de los municipios que pretende agrupar, sino que debe incluir una elección directa, secreta y universal para escoger a quien rija los destinos de esa instancia de gobierno, así como escoger mediante el voto un órgano legislativo distrital que elabore normas y que ejerza el control político correspondiente. De nada serviría tampoco que se pueda elegir a un jefe de gobierno si no tiene quien le pueda hacer contrapeso. La segunda expresión de la participación ciudadana tiene que verse reflejada en la cogestión y la autogestión de recursos, que sean los ciudadanos y vecinos quienes decidan en qué pueden invertirlos y que estos puedan ser administrados por las comunidades organizadas, asociaciones civiles y asociaciones vecinales, para el desarrollo de obras o equipamientos que permitan atender algunas de las necesidades de esas comunidades, tales como planes de habilitación física para viviendas en condiciones precarias, insumos para ambulatorios de atención primaria, hogares de cuidados para niños en edad preescolar, o en materiales deportivos, etc. Mi experiencia de más de dos décadas en la gestión municipal me ha demostrado que en la mayoría de los casos, un bolívar administrado por las comunidades es mucho más eficiente que ese mismo bolívar administrado por el Estado.

Nuestra lucha debe estar centrada en una constante búsqueda del mayor bienestar colectivo y, uno de los aspectos en los que debemos ser más vehementes es en la defensa de la descentralización y el desarrollo de las regiones; porque la descentralización fue la que llevó a Venezuela, a sus estados y municipios en la primera década del 2000, a un máximo de su esplendor en materia de gestión pública: el país se llenó de ciudades limpias y ordenadas, autopistas y carreteras asfaltadas y demarcadas, calles, avenidas y veredas iluminadas, instalaciones deportivas y recreativas bien mantenidas, terminales y aeropuertos seguros y policías estadales y municipales orientadas e instruidas en la prevención del delito.

Este gobierno, con su política de centralización y concentración del poder, sumado al desastroso manejo de la económica, ha llevado a la ruina a las regiones y municipios, privándolos de recursos y de competencias esenciales para su desarrollo económico y social, esto se ve reflejado no solo en la deficiencia de los servicios públicos, sino en el deterioro evidente de sus infraestructuras y en lo poco atractivo que se ha convertido prestar función pública en un estado o un municipio.

La lucha entonces no puede plantearse únicamente desde la perspectiva territorial, y que Baruta, Chacao, El Hatillo o Sucre, sea o no parte integral de un estado en particular, porque eso no le dice nada al ciudadano y no lo ayuda a resolver sus problemas ni a mejorar su calidad de vida, la lucha debe estar centrada en la defensa de la autonomía y de las competencias de nuestras regiones y municipios, de la participación ciudadana y en el rescate del voto como medio para influir en las decisiones de gobierno.

Usted puede vivir aquí en Caracas, Cumaná o Maracaibo; en Chacao o en Naguanagua, pero si usted y yo no podemos defender nuestra autonomía y nuestros derechos de nada sirve llenarnos la boca diciendo que defendemos la integridad territorial de un estado.

@danielgodoyp

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