A LA MEDIDA

Por: Rodolfo Godoy Peña

En mayo de 1973 se aprobó en Venezuela la primera enmienda constitucional después de 12 años de vigencia del texto original de 1961, con la finalidad de que cualquier venezolano que hubiese cometido delitos en el ejercicio de un cargo público quedase inhabilitado políticamente. La norma rezaba: No podrán ser elegidos Presidente de la República, Senador o Diputado al Congreso, ni Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quienes hayan sido condenados mediante sentencia definitivamente firme, dictada por Tribunales Ordinarios, a pena de presidio o prisión superior a tres años, por delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas, o con ocasión de éstas…”. El esfuerzo parlamentario de esta enmienda y su objetivo fue evitar – con rango constitucional – que el general Marcos Pérez Jiménez pudiese postularse a la presidencia de la República en ese mismo año.

Pérez Jiménez había purgado 5 años de prisión condenado por la justicia venezolana por los delitos de peculado, corrupción y concusión, que cumplió luego de ser extraditado en el año 1963 desde los Estados Unidos de América. Para las elecciones celebradas en 1968, año en que fue liberado, recibió alrededor de 400 mil votos y logró ser elegido Senador por el Distrito Federal apoyado en su propio partido de extrema derecha llamado Cruzada Cívica Nacionalista, lo que evidenciaba una notable fuerza política.

La Corte Suprema de Justicia impidió entonces que Pérez Jiménez pudiese ser proclamado, argumentado que su elección había sido ilegal porque el dictador no se había inscrito como votante en el registro electoral, de modo que se invalidó a posteriori su postulación y, por ende, no pudo posesionarse como Senador. Cruzada Cívica Nacionalista entonces proyectó postularlo como candidato presidencial para competir en las elecciones de diciembre de 1973 y esos eventos desencadenaron la urgencia de la enmienda constitucional ante la evidente fuerza política del otrora mandón. Se le hizo una inhabilitación a la medida.

Para esta fecha se ha desarrollado el segundo “impeachment” a Donald Trump del cual ha salido absuelto. Es la primera vez en la historia de este país que se le realiza un juicio político en dos oportunidades al mismo ciudadano: en la primera oportunidad se le acusó de intentar coaccionar a un gobierno extranjero para recibir un beneficio personal y, en esta segunda oportunidad, se le acusó por la llamada realizada al funcionario electoral del estado de Georgia con la petición de “encontrar” votos a su favor, y de soliviantar a sus seguidores para que asaltaran violentamente el Congreso Federal con el fin de impedir el conteo de los votos electorales.  

Independientemente de la composición de las fuerzas políticas dentro del Congreso norteamericano y que conjeturaba que el resultado condenatorio se predecía inconquistable, lo primero para analizar es si legalmente ese cuerpo colegiado tuvo competencia para juzgar al expresidente y, además, determinar si el expresidente, ya un ciudadano privado que no está en el ejercicio de cargo público,  estaba siendo sometido a un proceso por lo que se denomina el juez “natural”. Aun cuando se pudiese alegar que no es un proceso “penal” propiamente dicho, el juicio político es de Derecho Administrativo sancionatorio y, como tal, se rige por las normas de legalidad y del debido proceso, pues su resultas pueden conllevar a la pérdida de derechos del encausado; además de la relevancia política que acarrea la condena como lo es la destitución.

En la Constitución de los Estados Unidos está previsto el juicio político. En su artículo primero, sección segunda, se desarrolla la figura de “acusación formulada contra un alto cargo” -aun cuando se le conoce por el término anglosajón de derecho consuetudinario “impeachment”– y según el texto: “La Cámara de Representantes elegirá a su presidente y demás funcionarios y será la única facultada para declarar que hay lugar para proceder en los casos de responsabilidades oficiales”

Si bien es cierto que el antejuicio de mérito se realizó en la Cámara de Representantes  antes de que el presidente Trump dejase el más alto cargo ejecutivo del país, y para lo cual ese cuerpo era constitucionalmente competente, no es menos cierto que el inicio formal del proceso que se sucede en el Senado se activó luego de que el Sr. Trump había sido reemplazado por el presidente Biden; de modo que habría que verificar la competencia de la Cámara Alta para proceder a juzgar a un alto cargo del Gobierno Federal cuando el enjuiciado ya no ejerce el cargo porque, según la Constitución, “el Senado poseerá el derecho exclusivo de juzgar sobre todas las acusaciones formuladas contra un alto cargo…” lo que nos lleva necesariamente a disertar sobre la pérdida de competencia material, pues en nuestra opinión la competencia del Senado para conocer esta causa se perdió en el momento que el Sr. Trump dejó de ser presidente de los Estados Unidos.

Por la parte sancionatoria, la pena o castigo para quien fuese declarado culpable es en los siguientes términos: “En los casos de acusaciones formuladas contra un alto cargo, el alcance de la sentencia no irá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y gozar de cualquier empleo honorífico, de confianza o remunerado en los Estados Unidos…”; es decir que la pena  principal es la destitución y la pena accesoria es la inhabilitación. El constituyente no usó la conjunción disyuntiva “o” (or) sino que usó la conjunción copulativa “y” (and), de modo que, en contra de lo alegado por los promotores para llevar a cabo el juicio en busca de la inhabilitación, esta no podría proceder si no la antecedía la destitución, lo cual en este caso era un supuesto negado pues el accionado carece de la cualidad de funcionario público: sería absolutamente ineficaz destituir a quién no ejerce el cargo.

Este proceso adelantado por el Partido Demócrata carece de constitucionalidad y tiene más parecido al Juicio de Residencia del Derecho Indiano, donde aquellos funcionarios reales que ejercían cargos en la América colonial, una vez relevados de sus funciones, no podían abandonar el territorio donde habían ejercido, ni asumir una nueva posición, hasta tanto un tribunal “ad hoc” los eximiera de responsabilidad en el ejercicio de su cargo.

El objetivo principal del “impeachment” es la destitución de algún cargo o la “revocatoria” de un alto cargo de elección popular mediante una votación inversa de segundo grado. La inhabilitación, por su parte, es consecuencia de aquello, de manera que este segundo juicio político del expresidente Trump pareciera haber comportado una intención de “estirar” la Constitución y condenarle a una inhabilitación hecha a la medida frente al temor de su fuerza política.  

@rodolfogodoyp

Reporte Latinoamérica no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.