VER PARA CREER… Y PARA VOTAR

Por: Daniel Godoy Peña

A medida que transcurre el tiempo y se acerca el proceso electoral de noviembre se hace cada vez más palpable que esta elección, independientemente del resultado y aunque algunos traten de menospreciarla por no tener ni la importancia ni la relevancia de una elección presidencial o parlamentaria, puede convertirse en el proceso comicial más importante en términos políticos de esta década, tomando en consideración todo lo que en términos políticos, diplomáticos, técnicos y sociales ha tenido que superarse para poder realizarlas.

Para que esta elección pudiera llevarse a cabo y pudiese contar con una amplia participación de los distintos sectores políticos del país se acordó, mediante un proceso de negociación, la conformación de un nuevo CNE que incorporara a 2 nuevos miembros propuestos por la oposición, y esta no era una incorporación cualquiera, pues estos rectores no solo contaban con un amplio respaldo en el sector opositor, sino también con las capacidades y la experticia técnica para asumir una tarea de tal envergadura: la designación como rectores principales de Roberto Picón y Enrique Márquez era un claro reflejo de  una nueva etapa de entendimiento y de re-institucionalización, así como, un retorno a las garantías electorales necesarias para volver a la vía electoral, único camino posible para resolver nuestras diferencias.

Casi en simultáneo, y sin mucho tiempo que perder, el nuevo CNE tomó una serie de medidas para que las elecciones de noviembre no fuesen una excusa para aumentar la polarización, sino para que su principal objetivo y razón de ser se cumpliera a cabalidad, es decir, devolverle a los electores la confianza en el sistema electoral y en el voto, una confianza maltrecha desde 2005 cuando la oposición venezolana tomó la nefasta decisión de retirarse de las elecciones parlamentarias creyendo que de esta manera deslegitimarían al gobierno de Chávez, inoculando el mortal virus del desengaño en el sistema electoral venezolano, a lo que habría que agregarle que cada vez que sufríamos un descalabro electoral lo primero que esgrimía irresponsablemente la dirigencia opositora era haber sido víctima de un fraude, y en la gran mayoría de los casos sin pruebas.

No deja de ser curioso que con menos garantías electorales, y aun a pesar de alegar en reiteradas ocasiones fraude, la oposición se haya hecho de sendas victorias en 2007 con el referendo constitucional y en 2015 con la elección de la Asamblea Nacional; y digo curioso porque no es lo mismo cantar fraude y no poder demostrarlo, que decir a partir de 2017 que todas las elecciones realizadas en nuestro país han sido ilegales e ilegítimas. Que el #G4 haya tildado de írritas las elecciones de alcaldes de 2017, las presidenciales de 2018 y los subsecuentes procesos comiciales comprometió gravemente a nuestra nación en el plano internacional. Pero lo peor de todo es que, quienes promovieron esa tesis de ilegalidad e ilegitimidad serán con certeza las primeras “victimas” de su propio veneno si no logran motivar a sus electores a participar el próximo 21 de noviembre.

Otro objetivo no menos importante que tiene el Consejo Nacional Electoral es poder abrir de nuevo nuestras elecciones al mundo y que el mundo se abra a nuestras elecciones. El pasado mes de junio -y ante la mirada incrédula de la comunidad internacional- el CNE se abocó a hacer todas las gestiones necesarias para que la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas asistan en calidad de observadores para acompañarnos a los venezolanos en el referido proceso; y a pesar de que algunos políticos venezolanos en Europa trataron por todos los medios  de convencer y hacerle creer a la Unión Europea que no existen condiciones para la observación electoral,  el pasado miércoles 29 de septiembre Josep Borrell, máximo representante de la diplomacia europea,  mediante un comunicado anunció que enviará una misión de observación que no se limitará a la mera presencia y observación, sino que harán recomendaciones para los venideros procesos electorales.

Es indudable que la misión de observación y lo que derive de su informe no solo tendrá consecuencias políticas sino económicas, diplomáticas y sociales. En el ámbito diplomático serán pocos los que se atrevan a decir que en Venezuela no hay garantías democráticas, porque si bien es cierto que no tendremos un crisol de ellas, tampoco somos Cuba, Corea del Norte o una dictadura africana; creo que después de ese día serán muy pocos los que se atreverán a proponer que haya adelanto de elecciones: ni presidenciales, ni de Asamblea Nacional. En lo económico -y también gracias al proceso de diálogo en México- las sanciones serán un despropósito cada vez más evidente y no creo que la Unión Europea siga en su política sancionatoria y, menos aún, si a su observación se suma la ONU.

En lo social los venezolanos tenemos la oportunidad de recobrar nuestra confianza en el voto y en el sistema electoral y, después de todo lo que hemos pasado estos últimos años no volver a caer en la trampa abstencionista: eso no puede volver a ocurrir. El primer motivo del voto debe ser estar a favor de una propuesta y no en contra, votar libremente por decisión propia no solo es un acto ciudadanía. sino también de solidaridad con nuestro país: es preferible que usted pierda su voto y no que perdamos el país.

@danielgodoyp

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