Acuerdo con el FMI lleva la crisis fiscal a Costa Rica y los peligros que enfrentan la democracia y el Estado del bienestar
Costa Rica tendrá un nuevo gobierno el próximo 8 de mayo liderado por el economista Rodrigo Chaves.
Uno de los retos que deberá enfrentar cuando asuma el poder es hacerse cargo de un país que enfrenta una crisis de deuda pública y un déficit fiscal que ha erosionado la situación económica del país y ha provocado un creciente malestar social.
Aunque el modelo de bienestar de Costa Rica se erigió como un ícono en Latinoamérica y el país se convirtió en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) junto a Chile, Colombia y México, el deterioro progresivo de las finanzas públicas ha repercutido en las condiciones de vida de una parte de la población.
Mientras una de cada cuatro personas vive en la pobreza, casi el 15% no tiene empleo, y la desigualdad de ingresos es una de las más altas de la región, la deuda pública (equivalente al 70,3% del PIB) es la mayor de Centroamérica.
Uno de los interrogantes es cómo el nuevo gobierno va a financiar las demandas de la ciudadanía, cuando la administración saliente tuvo que enfrentar una dura resistencia política al implementar un proceso de ajuste en 2019.
Luego llegó la pandemia de covid-19, que golpeó directamente a la principal fuente de ingresos del país, el turismo, profundizando aún más las grietas del sistema de bienestar.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el año pasado un préstamo para Costa Rica de US$1.778 millones (de los cuales se han desembolsado cerca de US$569 millones), en el marco de un acuerdo que incluye nuevos recortes del gasto público.
En ese contexto surge otra de las grandes preguntas: cómo gestionará el préstamo del FMI Chaves, quien en febrero se reunió con representantes del organismo para asegurarles que trabajaría junto a ellos para adaptar las medidas del acuerdo con el fin de alcanzar los objetivos de crecimiento y estabilidad económica.
Lourdes Molina Escalante, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), argumenta que el acuerdo con el FMI “no es suficiente” para enfrentar la crisis fiscal por la que atraviesa el país y responder, al mismo tiempo, a las necesidades de la población.
En entrevista con BBC Mundo la experta salvadoreña, que se ha especializado en el estudio de las finanzas públicas de los países centroamericanos, advierte que, sin una reforma tributaria, es poco probable que el gobierno pueda implementar sus promesas electorales.
Frente al problema de la gigantesca deuda pública y el déficit fiscal, Costa Rica inició un ajuste en 2019. Luego la pandemia causó estragos en el país y el FMI aprobó un préstamo de US$1.778 millones en el marco de un acuerdo que requiere nuevas medidas de austeridad. ¿Qué opina de este acuerdo?
Habría que cuestionar si el acuerdo era suficiente para garantizar la sostenibilidad, no sólo de la deuda pública, sino de todas las finanzas públicas de Costa Rica.
Si bien eran medidas que podrían ayudar, en realidad no eran suficientes para garantizar la sostenibilidad de la deuda y mucho menos de las finanzas públicas. Obviamente sí ha habido algunos avances, pero el acuerdo con el FMI no es suficiente.
¿Por qué?
El acuerdo está concentrado en gran medida en aspectos de eficiencia del gasto público. Pero es que eso es necesario en cualquier país del mundo. Por supuesto que se pueden encontrar espacios para disminuir gastos.
Si bien son medidas necesarias y que obviamente ayudan, no son suficientes porque existe un gran problema de ingresos.
Costa Rica tiene una de las cargas tributarias más bajas de la región. El país necesita más recursos, especialmente cuando hay un Estado de bienestar que debe garantizar la entrega de bienes y servicios públicos, garantizar los derechos de la población.
En Costa Rica los ingresos siguen recayendo en la recaudación a través del cobro de impuestos indirectos. Los impuestos indirectos usualmente tienen un carácter regresivo porque afectan de manera desigual a la población y terminan siendo pagados por los que tienen menos. Se necesitan impuestos que sean progresivos.
También está el tema de la corrupción, que es un tema que está en toda la región centroamericana, y que se relaciona con los impuestos.
La corrupción le resta legitimidad al gasto público y al quehacer del Estado. La gente dice “para qué voy a pagar impuestos si todo se lo roban”.
¿Cuáles son esos impuestos indirectos que afectan a los que tienen menos?
Antes de la reforma de 2018 era el impuesto sobre las ventas. Ahora es el impuesto al valor agregado. Básicamente de cada 100 colones costarricenses que se recaudan, alrededor de 60 provienen de impuestos indirectos y sólo 40 provienen de impuestos directos como el impuesto sobre la renta.
Entonces la famosa regla fiscal que se implementó a partir de 2019 es un esquema incompleto porque no contempla mayores esfuerzos adicionales del Estado costarricense por recaudar más impuestos, o al menos fortalecer la recaudación de los impuestos que ya están vigentes porque hay mucha evasión.
Entonces usted cree que sin aumentar la recaudación fiscal a través de una reforma tributaria, Costa Rica no podrá resolver sus problemas económicos…
Hay que hacer esfuerzos por el lado de los ingresos para que Costa Rica pueda garantizar el bienestar de la población, la estabilidad macroeconómica y fiscal.
Cuando estaba la discusión de la reforma fiscal en 2018, calculamos que se necesitaba un ajuste para conseguir cinco puntos del PIB. Y lo que se aprobó iba a recaudar la mitad.
Se suponía que en 2020 veríamos si esa reforma había logrado las metas, pero llegó la pandemia.
Ha habido protestas en las calles de Costa Rica contra el ajuste fiscal. Muchas personas sienten que las medidas de austeridad las terminan pagando los más pobres y que las élites continúan en una situación privilegiada, un fenómeno que se repite en otros paíse de América latina…
Hay un tema de transparencia, de rendición de cuentas. Con los casos de corrupción que ha habido en la historia de Costa Rica, el Estado ha ido perdiendo legitimidad.
La corrupción afecta la moral tributaria, que es la disposición voluntaria de los y las ciudadanas a pagar sus impuestos y cumplir con sus obligaciones tributarias.
Con Información de bbc.com