El polémico programa ‘Quédate en México’ regresa a la Corte Suprema este martes

El máxino tribunal de justicia celebrará este martes una audiencia solicitada por la Administración de Joe Biden para deshacer los controvertidos Protocolos de Protección del Migrante (MPP), en vigor desde enero de 2019 y que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México la resolución de sus casos en tribunales de inmigración estadounidenses.

La Corte Suprema de Justicia celebrará este martes una audiencia solicitada por la Administración de Joe Biden para deshacer los controvertidos Protocolos de Protección del Migrante (MPP), en vigor desde enero de 2019 y que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México la resolución de sus casos en tribunales de inmigración estadounidenses.

El máximo tribunal de justicia dijo el 18 de febrero que escucharía los argumentos en abril. La decisión podría darse a conocer durante el verano.

El MPP, también conocido cono Quédate en México, fue creado en respuesta a la negativa de México de declararse Tercer País Seguro para recibir asilados. El entonces gobierno de Donald Trump lo activó como parte de su política migratoria de tolerancia cero y cambió la ley de asilo sin la participación del Congreso.

La coalición #SafeNotStranded dijo que se concentrará este martes frente al Tribunal Supremo cuando se presentarán los argumentos orales del caso Biden v. Texas «para así demostrar el apoyo a que la Administración Biden descontinúe el programa del expresidente Trump».

Por qué la revisión

A finales de diciembre del año pasado el gobierno pidió a la Corte Suprema que revisara un fallo que mantiene en vigor el MPP. El Departamento de Justicia (DOJ) solicitó reexaminar una decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito emitida el 13 de diciembre que rechazó la solicitud del Ejecutivo para bloquear la orden de un juez federal que se opuso a acabar con los MPP.

El gobierno, además, solicitó «respetuosamente» a la Corte Suprema que se escuchen los argumentos de esta demanda en el presente período (2022), al advertir que retrasar su revisión hasta el próximo término pospondría su resolución «hasta algún momento en el año 2023».

La petición también argumentó que los MPP «no son la mejor herramienta» para disuadir la migración irregular, expone a los migrantes «a riesgos inaceptables» y resta valor a los esfuerzos del Gobierno para gestionar la inmigración.

El gobierno también alega que la orden judicial que mantiene vivo el programa interfiere con la labor del Ejecutivo en materia de inmigración y política exterior.

Batalla perdida

Tras una disputa perdida en tribunales de justicia inferiores, el 6 de diciembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tuvo que restablecer el programa Quédate en México acatando la decisión del juez Matthew Kacsmaryk a favor de los fiscales generales de Texas y Missouri, los estados demandantes.

Biden recurrió a la Corte de Apelaciones del 5to Circuito con la esperanza de bloquear el fallo, pero el magistrado Andrew Stephen Oldham opinó que la propuesta del DHS para poner fin al protocolo era «una aproximación tan ilegal como ilógica».

En agosto del 2021 el Gobierno había hecho un pedido de emergencia para suspender la orden de Kacsmaryk alegando que el DHS no tenía recursos para reanudar el programa de asilo, pero los jueces de apelaciones se pusieron del lado de los estados demandantes.

El 29 de octubre, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emitió un nuevo memorando que daba por terminado nuevamente los MPP cumpliendo supuestamente con las objeciones dadas por Kacsmaryk, aunque este nuevo paso no convenció al magistrado Oldham.

La reinstalación

La reinstalación del MPP, creado por Trump, cancelado por Biden, pero restituido por orden de un juez federal de Texas en agosto, generó controversias, temores y críticas a nivel nacional a principios de diciembre.

En los primeros dos años de funcionamiento el programa afectó a unos 70,000 inmigrantes que fueron regresados a México a esperar la resolución de sus casos de asilo en tribunales estadounidenses.

En febrero del año pasado, según datos entregados por la Casa Blanca en ese momento, el programa solo tenía 25,000 casos activos y el resto habían sido desestimados, la mayoría porque los inmigrantes no se presentaron a sus audiencias en corte.

Pero tras denuncias de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y la revisión hecha por el gobierno, se determinó que en la mayoría de los casos rechazados los inmigrantes, unos 45,000, fueron mal notificados y no se presentaron a sus audiencias.

En otros casos no acudieron por miedo debido a la inseguridad que se vive en la frontera mexicana.

Con Información de Univisión.com