El Título 42 no es la principal herramienta de deportación que utiliza el gobierno de Biden

La cuestionada política de salud pública está en el centro del debate migratorio cuando se aproxima el posible fin de su aplicación o su permanencia si un juez así lo decide.

Contrario a las afirmaciones del ala conservadora del Partido Republicano, que se opone a la eliminación del Título 42 del Código de Estados Unidos y advierte una invasión de extranjeros desde la frontera con México si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la levanta, la cuestionada política de salud pública no es la principal herramienta de deportación que utiliza el gobierno de Joe Biden.

De acuerdo con el último reporte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), las detenciones (encuentros) efectuadas durante el mes de abril en la frontera con México fueron 234,088, un 4% menos que las registradas en marzo y solo el 41% fueron deportados en el marco del Título 42.

El restante 59% de los casos, equivalente a 137,180 encuentros, fueron procesados bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), tal y como se hacía antes de la pandemia y en los tres primeros años del gobierno de Donald Trump.

“El Título 8 es básicamente el conjunto de normas que le dan al gobierno la oportunidad de expulsión rápida en el marco del debido proceso migratorio”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

Barrón dice además que bajo el Título 8 los inmigrantes que llegan a la frontera “pueden pedir asilo” y la mayoría de los casos llega ante un juez de inmigración.

El Título 8

Las deportaciones bajo el Título 8 mencionadas en el informe de abril del CBP no es algo nuevo. Se trata de la implementación de leyes vigentes que afectan la inmigración y naturalización, y que siguieron activas a pesar de la pandemia del coronavirus y la implementación del Título 42.

La Ley de Inmigración, codificada bajo el Título 8, constituye la base del derecho de inmigración Estados Unidos, explica un informe de la Universidad de Cornell, Nueva York. Y explica que la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA de 1986), “intensificó” las medidas que aplica EEUU para “disuadir la inmigración a través de reglamentaciones fronterizas reforzadas y sanciones para los empleadores que contratan extranjeros ilegales con conocimiento de su estatus migratorio”.

Y no solo permite deportar a personas que no tienen una causa probable de asilo. La lista de deportables incluye, entre otros:

  • Aquellos que intenten ingresar o hayan ingresado a EEUU sin haber sido admitidos o en libertad condicional luego de la inspección de un oficial de inmigración en un puerto de entrada designado, y que no hayan establecido a satisfacción del oficial de inmigración que ha estado físicamente presente en el país continuamente durante el período de 2 años inmediatamente anterior a la fecha de determinación de inadmisibilidad;
  • Si un agente del DHS determina que un extranjero no puede entrar porque es inadmisible en virtud de la Sección 212 de la Ley de Inmigración.
  • Personas que fueron deportadas anteriormente y no han cumplido el tiempo de castigo;
  • Individuos que han cometido crímenes o delitos que los convierten en una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos;
  • Personas que han cometido delitos de bajeza moral;
  • Cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito que implique depravación moral cometido dentro de los cinco años (o 10 años en el caso de un extranjero que tenga el estatus de residente permanente legal según la sección 1255(j) de este título) después de la fecha de admisión, y haya sido condenado por un delito por el que pueda imponerse una pena de un año o más;
  • Personas que tengan múltiples condenas penales.

El debido proceso

“Si el gobierno quita el Título 42 el 23 de mayo, como tiene previsto, loa normalidad regresará a la frontera y el gobierno hará cumplir el debido proceso migratorio, tal y como estaba antes de marzo de 2020, cuando se decretó la pandemia del coronavirus”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Eso significa que ya no habrá deportaciones aceleradas como ocurre ahora con la implementación del Título 42, que faculta al gobierno hacerlo en detrimento del debido proceso. Pero al ser levantado el Título 42, las personas serán detenidas en la frontera y procesadas. Los agentes serán quienes determinen en el momento de la detención si la persona tiene o no una posible causa de asilo y decida, o lo coloca en un proceso de deportación expedito bajo la Sección 235, o le da la oportunidad de miedo creíble y lo coloca en un proceso completo de deportación”, indicó.

Para cuando finalice el Título 42, “CBP una vez más impondrá consecuencias para todas las entradas ilegales ejerciendo plenamente sus autoridades del Título 8, como solía hacerlo mucho antes de la pandemia de COVID-19”, dijo Chris Magnus, comisionado del CBP. “El hecho es que nuestras fronteras no están abiertas y continuaremos expulsando a quienes ingresan ilegalmente a nuestro país y no tienen una base legal para quedarse”, precisó.

Con Información de Univisión.com