Caso Maxus: un tribunal de EEUU falló a favor de YPF en una demanda por USD 14.000 millones

Se trata de un reclamo por supuesta contaminación en una corte de Delaware. Además, mañana es la fecha en la que finalizará formalmente otro caso emblemático, el de la expropiación de la petrolera, aunque no está claro cuando la jueza Loretta Preska dará conocer su fallo

YPF consiguió un fallo favorable en tribunales de EEUU en una etapa prejudicial en una causa millonaria por supuesta contaminación y pasivos ambientales.

A la petrolera de bandera le reclaman un total de USD 14.000 millones en lo que se conoce como la demanda Maxus, que se tramita en tribunal de quiebras del juez Christopher Sontchi, en el estado de Delaware. La contraparte es otra petrolera: Occidental Petroleum Corporation (Oxy).

La causa se originó hace años, cuando Chemicals, una subsidiaria de la empresa estadounidense Maxus, fue acusada de contaminar con dioxin, el tristemente famoso “agente naranja” usado en la guerra de Vietnam, el río Passaic y la bahía de Newark, en el estado de Nueva Jersey, durante las décadas de 1950 y 1960.

EN 1986 Maxus vendió Chemicals a una subsidiaria de Occidental Petroleum, asumiendo indemnizar a esta última por los pasivos ambientales eventuales que Chemicals hubiera provocado. En 1995 YPF compró Maxus y en 2005 el estado de Nueva Jersey demandó a Maxus, Occidental, Repsol e YPF por presunta contaminación.

En 2011 un tribunal de Nueva Jersey declaró que Occidental y Maxus debían remediar los daños ambientales. Occidental trasladó legalmente toda la responsabilidad a Maxus y, como “alter ego”, a YPF y a Repsol.

La jueza de Nueva York Loretta PreskaLa jueza de Nueva York Loretta Preska

En 2016 Maxus se presentó en bancarrota en Delaware, donde estaba radicada, e YPF le pagó a su subsidiaria 130 millones de dólares para desligarse de las demandas ambientales.

El fideicomiso de liquidación de Maxus, integrado por Occidental, entre otros litigantes, demandó a YPF en 2018 y le reclamó los 14.000 millones de dólares. Finalmente el juez no resolvió en contra de la empresa y la causa seguirá en un juicio que se hará pronto, con una anterior opción de apelación por parte de los demandantes. Fue el último fallo de Sontchi, quien se retira de la función pública y pasa a la privada y será reemplazado por Craig Goldblatt.

“El caso Maxus Energy tiene nuevo Juez tras el retiro de Christopher Sontchi. Aún no sabemos si Maxus apelará el fallo de hoy o si seguirá el juicio a YPF/Repsol con el nuevo magistrado”, destacó en Twitter Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.

Fuentes oficiales destacaron a Infobae que el juez denegó en su totalidad la solicitud del Fideicomiso demandante para que se resuelva el juicio en forma sumaria. “Además, denegó la teoría de daños que proponía el Fideicomiso, y aceptó la teoría de daños alternativa que argumentaba YPF. Si bien la compañía sostiene que no fue ni podría ser considerado como alter egos de Maxus, la posición del juez en materia de daños resulta favorable a la compañía. Por último, rechazó el pedido de Repsol de juicio sumario”, dijeron.

YPF, explicaron, continuará con la defensa de sus intereses en este juicio, sobre el cual considera que no tiene responsabilidad.

El otro juicio millonario

Mañana hay otro paso importante para YPF, otro juicio, esta vez en Nueva york, en el estrado dela jueza Loretta Preska. Se trata de una demanda que ya lleva 7 años y que tiene su origen en la expropiación dela empresa por parte del gobierno nacional en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Accionistas minoritarios de ese momento, y grandes estudios de abogados que compraron parte del juicio, cuestionan el procedimiento en una demanda que podría llegar a los USD 20.000 millones.

Mañana, 23 de junio, se presentarán los últimos informes y Preska podría fallar al día siguiente. También habilitar “Argumentos Orales” para la partes u ordenar, directamente, que se haga el juicio: aunque parezca mentira, este proceso, como Maxus, también está en etapa prejudicial.

Argentina e YPF argumentaron que la ley aprobada por el Parlamento en 2012 por impulso del entonces gobierno de Cristina Fernández que declaró de utilidad pública sujeto a expropiación el 51 % de YPF, le impedía al Estado adquirir acciones adicionales. Además objetaron la legitimidad de la jurisdicción estadounidense para llevar adelante este caso.

Los demandantes se acogen a las normas de protección a inversores imperantes en Nueva York dado que YPF cotiza sus acciones en esta plaza, además de Buenos Aires.

“Ambos juicios tendrán consecuencias históricas para YPF. Si bien es incierto cómo podrían fallar ambas cortes, no puede minimizarse la trascendencia”, había sostenido en un reciente informe la firma de intermediación bursátil Bull Market Brokers.

Con información de EFE