La política de asilo de Biden en la frontera le pone velocidad a un sistema colapsado
Cuatro meses después de ser implementada en dos puertos fronterizos de Texas, es la única herramienta con la que cuenta el gobierno para reparar un sistema que tanto demócratas como republicanos lo definen como “roto”, pero no se ponen de acuerdo en el Congreso para asignar fondos y repararlo.
Cinco días antes de entrar el vigor la nueva política de asilo de Joe Biden en la frontera con México, el 26 de mayo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, dijo que se trataba de un nuevo sistema que garantizaba “un proceso justo y eficiente”.
Cuatro meses más tarde el sistema, aunque lejos de ser implementado en la totalidad de la frontera, es la única herramienta con la que cuenta el gobierno para reparar un sistema que tanto demócratas como republicanos lo definen como “roto”, pero no se ponen de acuerdo en el Congreso para asignar fondos y repararlo.
Mientras tanto, la frontera sigue mostrando un escenario difícil con miles de inmigrantes tratando de entrar cada día tras huir de sus países y pedir asilo, una política enfocada en proteger el debido proceso migratorio, una oposición que achaca todos los males acumulados durante décadas a política migratoria de Biden y un gobierno al que no le queda, por ahora, otra opción que confiar en la estrategia de mayo que, lentamente, va desplegándose en los puertos fronterizos.
La confianza de Mayorkas
A finales de mayo Mayorkas, cuando el gobierno se preparaba para poner en vigor la nueva política que otorgó poderes extraordinarios temporales a los agentes de asilo del servicio de inmigración para otorgar asilo (poder que solo tenían los jueces de inmigración), dijo que la regla garantizará que los no ciudadanos puestos en deportación acelerada y que son elegibles para recibir el estatus (un recurso legal disponible), reciban ayuda rápidamente”.
Mientras que quienes no califican para obtener asilo porque no tienen causa o no demostraron miedo o temor creíble, sean expulsados (deportados) prontamente.
“El DHS y el Departamento de Justicia están estableciendo un proceso justo y eficiente para manejar las solicitudes de asilo en nuestras fronteras”, dijo Mayorkas. “A medida que implementemos esta regla transformadora a través de un enfoque gradual, reduciremos los tiempos de procesamiento y la acumulación de años en los tribunales de inmigración”, indicó.
El jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos también aseguró que quienes reúnan los requisitos para el asilo “recibirán protección más rápidamente”. Y los inmigrantes que no reúnan los requisitos “serán expulsadas rápidamente en lugar de permanecer en Estados Unidos durante años mientras sus casos están pendientes” en la Corte de Inmigración (EOIR). “Estamos impartiendo justicia rápidamente, al mismo tiempo que garantizamos el debido proceso”, apuntó.
“Todo se mira lento”
La confianza expresada por Mayorkas en mayo es la misma que muestra el gobierno en octubre. Y no va a cambiar a menos que el Congreso apruebe una reforma a las leyes de inmigración o autorice fondos al gobierno de Biden para contratar más jueces y agentes de asilo del servicio de inmigración, algo que por ahora no parece probable.
“Pero como no hay dinero, no hay cambios visibles todavía”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Hasta ahora algo de ello (la nueva política) ha estado funcionando, pero no se ve la actividad que nosotros quisiéramos”, agrega.
“Desgraciadamente todo se mira lento y retrasado. Falta impulso. La frontera sigue funcionando como antes, ha habido algún cambio, pero lento”, añade.
Barrón dice además que “teóricamente la nueva regla de asilo incluye buenos pasos para reparar los problemas que se vienen acumulando desde hace muchos años, pero desgraciadamente la implementación es compleja y los recursos económicos y humanos no están fluyendo para que podamos ver resultados de inmediato”.
A principios de septiembre Univision Noticias reportó, citando un artículo del diario The new York Times, que desde que asumió el control de la Casa Blanca en enero del 2021, el gobierno ha emitido memorandos y órdenes ejecutivas para desarmar la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno anterior y preservar la vigencia del debido proceso migratorio.
Pero veinte meses después el panorama en la EOIR es inquietante: el gobierno ha admitido más de 1 millón de nuevos solicitantes de asilo comparado con los 1.2 millones registrados a principios de enero de 2021, de acuerdo con datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York.
En promedio, teniendo en cuenta que la EOIR tiene unos 600 jueces, los casos demorarán 4.9 años en ser resueltos. Quizás más, porque la Corte sigue recibiendo casos todos los días.
No todos tienen causa de asilo
La guerra de información generada en torno a los números de detenciones de inmigrantes indocumentados dados a conocer por la Patrulla Fronteriza en septiembre refleja el manejo político del tema en año de elecciones de medio término.
Según la Oficina de Inmigración y Control Fronterizo (CBP), el número de arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera suroeste de Estados Unidos superó los dos millones en solo un año, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el gobierno un mes antes de que finalice el año fiscal.
Las cifras revelan que el número de detenciones se incrementó de julio a agosto, lo que hizo un total de más de 2.1 millones de detenciones (o encuentros) en los primeros 11 meses del año fiscal 2022. Pero lo que no se ha informado con detalle es que -de ese número- fueron repatriados y/o expulsados 1.300,467 migrantes, lo que significa que muchas más personas detenidas en la frontera serán removidas o expulsadas este año que en cualquier año anterior, asegura la CBP.
Pero no todos dan una misma lectura a los números oficiales registrados en la frontera con México. Los republicanos, por ejemplo, como los gobernadores Ron DeSantis (Florida) y Greg Abbott (Texas) “han condenado la gran cantidad de personas que llegan a las ciudades fronterizas” y se refieren a esta situación como una crisis o invasión provocada por la política migratoria de puertas abiertas del gobierno de Biden, señala un reportaje del diario The New York Times la semana pasada.
Y en apego a sus discursos, ambos gobernadores llevan a cabo una estrategia de envío de migrantes liberados en la frontera en autobuses y aviones privados al norte, en ciudades santuario gobernadas por demócratas como Nueva York, Washington, Chicago y la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
DeSantis dijo, poco después del aterrizaje de dos aeronaves privadas con unos 50 inmigrantes, la mayoría de origen venezolano, que seguirá adelante con sus planes de expulsiones y que su solución al problema de la inmigración “equivalía a enviar a los migrantes de regreso a México o de regreso a su país de origen”, agregó el periódico.
Tanto DeSantis como Abbott, ambos en campaña por su reelección en los comicios del primer martes de noviembre, son firmes partidarios de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, quien durante su mandato emitió unas 400 órdenes ejecutivas y memorandos para desarmar la política migratoria sin la autorización del Congreso.