Biden planea pequeños cambios en migración después de las elecciones intermedias

La frontera sur de Estados Unidos se ha convertido en el salvavidas las personas que huyen de la inestabilidad, la persecución, la guerra y las dificultades económicas, esto al punto que el número de arrestos de migrantes a lo largo de la frontera suroeste sobrepasó los 2 millones en el año fiscal 2022.

Los funcionarios de la Casa Blanca se encuentran armando una agenda legislativa luego de las elecciones intermedias y estudiando si los cambios en el sistema migratorio de Estados Unidos debe tener prioridad, reseña NBC.

Aunque un pequeño grupo de asesores de Joe Biden se encuentra en las conversaciones, el presidente sigue sin tomar alguna decisión. Los detalles de la política de cualquier impulso de inmigración, así como su escala y alcance, dependen de la composición del Congreso y el clima político, aseguraron las fuentes consultadas.

Aunque Biden no tiene una forma de reformar el sistema migratorio sin el apoyo bipartidista del Congreso, algo que nadie en Washigton prevé que ocurra en el corto plazo, después de meses de debate en la Casa Blanca, su administración empezó a abordar una pequeña parte del problema: el lento proceso para definir quién puede calificar para el asilo o la protección contra la persecución en Estados Unidos.

¿De qué se trata este impulso en la política migratoria?

Lo que se plantea es lograr que el sistema sea más rápido, en parte otorgando a los oficiales de asilo y no solamente a los jueces migratorios, el poder de decidir quién puede quedarse y quién puede ser rechazado.

Los migrantes serán entrevistados de 21 a 45 días luego de haber solicitado asilo, algo que puede ser mucho más rápido que los años que pueda durar el sistema judicial de migración actual. Esta decisión como mucho debe tomarse en un lapso entre dos a cinco semanas luego de la entrevista.

La agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, explica en un documento que el oficial de asilo es quien realizará la entrevista y luego determinará si el temor que impulsa a la persona a dejar su país es creíble o razonable.

El oficial de asilo escribirá un resumen de lo que se dijo en la entrevista y se lo hará llegar al solicitante con la decisión. De ser positiva, la persona podrá ir ante un juez de migración y pedirle asilo, suspensión de expulsión o protección de la Convención contra la Tortura y podrá así contar su historia.

En caso de que no apruebe la entrevista, la persona puede pedirle al juez que revise la decisión del oficial de asilo, aunque generalmente es difícil anular estas decisiones.

En una entrevista concedida a El Tiempo Latino, el director del programa de Supervisión de Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adam Isacson, afirmó que según la ley, “lo que debe pasar … es que en cada cruce oficial cualquiera puede poder acercarse y decirle al oficial: ‘Yo quiero el asilo, temo volver a mi país’. Y allí mismo deben poder acogerte y llevarte a un centro de procesamiento”.

Agregó que “en ese centro de procesamiento tienen 72 horas para averiguar su estado de salud, su historial criminal y empezar el trámite de asilo, luego estar con un juez de asilo en algún lugar del país. Ese proceso cuesta”.

Sostuvo que claramente el país requiere de más jueces y oficiales de asilo debido a que hay una sobrecarga: “tenemos menos de 600 jueces para una lista de casos de 2 millones y tanto, hay que destrabar e incrementar ese número de jueces. Y sí, estamos hablando de unos miles de millones de dólares, pero eso era lo que Trump estaba gastando en la construcción de muros”.

La llegada al país de miles de personas y el titubeo de las autoridades se refleja en imágenes caóticas que “dan mucha razón a republicanos y antiinmigrantes”, por lo que, Isacson cree que “con una campaña legislativa en noviembre (midterms), sería muy importante para los demócratas tener un proceso ordenado”.

Pequeños cambios

En este momento, los cambios han sido pequeños: desde finales de mayo solo 99 personas han completado lo que se conoce como entrevistas de méritos de asilo hechas por un oficial y han sido evaluadas plenamente bajo las nuevas reglas. De ellos, a 24 se les ha otorgado asilo, y a las otras personas se les han devuelto sus casos al sistema judicial de inmigración para que apelen.

Las autoridades han afirmado que se mueven lentamente para probar los procedimientos y que serán requeridos cientos de oficiales, que aún no se han contratado, para expandir el sistema.

Estas nuevas reglas no tomarán en cuenta la situación social y económica en otros países que lleven a los migrantes a huir. Seguirá activo el desafío de cómo deportar rápidamente a quienes se les niegue el asilo.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuyo departamento está a cargo de la supervisión del sistema migratorio, aseguró: “Estamos sentando las bases para una nueva forma de manejar las solicitudes de asilo”.