OPINIÓN

… VENEZUELA NACE EN EL ESEQUIBO

Por: Rodolfo Godoy Peña

Hace unos días se cumplieron 123 años de la emisión del Laudo que desconoció los derechos soberanos de Venezuela sobre el territorio que se encuentra a la margen oeste del rio Esequibo y le reconoció un derecho inexistente a Inglaterra, que trajo como consecuencia que Venezuela fuese despojada del 90 % del territorio que estaba en disputa.


El arbitraje se llevó a cabo en la ciudad de Paris entre los años 1898 y 1899, y el tribunal estaba constituido por cinco árbitros, dos de nacionalidad inglesa, dos norteamericanos y, un tercero, el profesor de nacionalidad rusa Fiódor Fiódorovich Martens quién fungió como árbitro presidente con voto dirimente.


Independientemente de las declaraciones reveladas post-mortem del Dr. Severo Mallet-Provost, miembro del equipo de defensores de los derechos venezolanos quien desenmascaró la componenda política y la presión que se ejerció sobre los árbitros que representaban a Venezuela para suscribir el ignominioso veredicto, y abstracción hecha de las fallas jurídicas del mismo, lo cierto es que los gobiernos de Venezuela aceptaron como válido el fallo arbitral hasta 1962 cuando el canciller Marco Falcón Briceño llevó ante el seno de la ONU la denuncia contra el mencionado dictamen alegando componenda y vicios de nulidad.


Esa denuncia de Venezuela creó conciencia dentro de la Organización y luego de arduas negociaciones logramos arrancarle a Inglaterra y a la recién independizada Guyana el Acuerdo de Ginebra en 1966, hecho que supuso un gran triunfo para Venezuela pues al no haber instancia superior para revocar el fallo arbitral de 1899, la aceptación por parte de Guyana y del Reino Unido de revisar nuevamente el asunto fue el reconocimiento de que el Laudo no había estado ajustado a Derecho.


Gracias al carácter propio del procedimiento arbitral el Laudo de Paris es uninstancial, es decir, que no tiene una instancia superior para su apelación, de aquí que se pueda afirmar que fue un logro extraordinario que el gobierno del presidente Rómulo Betancourt lograra la reapertura del caso valiéndose de la voluntad de la contraparte ya que con esa decisión Guyana aceptó la revisión del Laudo privándolo de su carácter de cosa juzgada, aunque como es natural ellos insistan en su derecho sobre el territorio Esequibo.


El gobierno guyanés decidió en 2018 someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia conforme al acuerdo ginebrino; instancia a la cual Venezuela, a pesar de su negativa inicial ha decidido acudir para intentar rescatar la “Zona en Reclamación” ya que los limites determinados por el Laudo de Paris permanecen firmes hasta que se produzca otra decisión posterior y nuestra única oportunidad de impugnarlos es en esta instancia.
La Corte Internacional de Justicia ha intervenido con decisiones de equidad en conflictos territoriales como el de Colombia con Nicaragua sin embargo, inicialmente, para la Cancillería venezolana el Tratado de 1966 “niega la vía judicial”, cosa que no es cierta, amén que supone una grave imprudencia quedarse atrapados en esa posición; y es por eso que reiteramos que es equivocada la interpretación de nuestra Cancillería ya que el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas prevé la solución judicial a la disputa, de aquí que la vía abierta por Guyana sea la última posibilidad pacifica que tenemos para impugnar lo que, de no hacerlo, seguirá siendo una sentencia definitivamente firme.


Tenemos hoy una oportunidad que difícilmente se repetirá para reclamar el territorio Esequibo. La activación de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la disputa es un reconocimiento tácito de lo írrito del Laudo, así que hemos avanzado jurídicamente pues un tribunal entró a conocer una materia que tenía carácter de cosa juzgada pero eso no es suficiente sino que Venezuela tiene que proponer todos los argumentos de la legitimidad histórica del reclamo territorial, pues el hecho de probar los vicios procesales del arbitraje de Paris es exiguo judicialmente para hacer valer nuestros derechos ya que de hacerlo así el fondo de la situación quedaría sin resolver.


Estamos ante una coyuntura histórica y jurídica que nuestro país no debe dejar pasar; y aunque Venezuela introdujo en su escrito de “objeciones preliminares” la impugnación por incompetencia de la Corte Internacional de Justicia para conocer de esta causa pues según alegamos la misma debe resolverse mediate acuerdo entre partes, todo parece indicar que esa arma de ataque procesal no es idónea ni eficiente y que ganaremos más reconociendo la competencia de la Corte para decidir en este juicio.


Venezuela tiene que aprovechar que el tribunal decidió conocer y decidir sobre la nulidad de Laudo para también justificar su posición de derecho sustantivo porque la única ocasión que tenemos para impugnarlo es esta Corte, pues en la medida que avanza el tiempo y se siga dilatando ventilar el conflicto, aumenta la debilidad de la posición venezolana mientras que Guyana sigue ejerciendo soberanía sobre el territorio en disputa.
La única decisión sensata para Venezuela consiste en aprovechar que Guyana decidió someter judicialmente la disputa y es por eso que hay que poner todos los medios ante la Corte Internacional de Justicia -quien decidirá en equidad- no solamente para que anule el Laudo sino para lograr que “el sol de Venezuela nazca en el Esequibo”.

@rodolfogodoyp

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