Bruselas cierra la vigilancia especial sobre Rumanía
Rumanía ha llegado al final de un periplo de 15 años. La Comisión Europea confirmó ayer que el país ha avanzado lo suficiente en las reformas judiciales y la lucha contra la corrupción, concediendo el cierre oficial del llamado Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV).
El MCV es un programa especial de vigilancia del Estado de Derecho que se puso en marcha en enero de 2007, cuando Rumanía y Bulgaria ingresaron en la Unión Europea. En aquel momento, se consideraba que ambos países estaban muy atrasados en cuanto a estándares judiciales en comparación con el resto del bloque.
El proceso pretendía salvar esta brecha y ayudar a los dos países a alinearse con sus compañeros y garantizar la correcta aplicación de la legislación de la UE. La Comisión Europea puso fin a la supervisión de Bulgaria en 2019 tras concluir que había cumplido todas las condiciones necesarias.
En el caso de Rumanía, la espera fue más larga: tras años de progreso sostenido, la Comisión Europea detectó un impulso “decreciente” entre 2017 y 2019, y presentó recomendaciones adicionales.
Entonces, Rumanía recogió el testigo e inyectó un “impulso renovado” al proceso de MCV, cumpliendo los objetivos pendientes, entre ellos las reformas sobre la inmunidad política de los diputados, los conflictos de intereses y la recuperación de los activos de origen delictivo.
about:blank
Esta semana, la Comisión anunció que los avances en todas las cuestiones pendientes eran suficientes y cerró oficialmente el capítulo del MCV.
“Quince años después de la adhesión, las conclusiones del informe reflejan los esfuerzos de Rumanía y su entrada en una lógica de fortalecimiento de nuestro estatus europeo”, ha dicho Nicolae Ionel Ciucă, primer ministro de Rumanía, en reacción a la noticia.
“Seguimos firmemente anclados en la visión proeuropea clara y a largo plazo de Rumanía, una visión europea basada en la unidad, la democracia, el Estado de Derecho y los valores compartidos por igual por todos los Estados miembros”, ha asegurado el primer ministro.
De este modo, Rumanía ya no estará bajo ninguna supervisión a medida: su sistema judicial será supervisado en el marco del informe anual sobre el Estado de Derecho, que la Comisión Europea aplica a los 27 Estados miembros.
Sin embargo, esto no significa que la corrupción haya dejado de ser un problema en el país.
Rumanía sigue siendo uno de los países de la UE peor clasificados en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con una escasa puntuación de 45/100.
En el informe de este año sobre el Estado de Derecho, la Comisión Europea señala que, aunque Rumanía ha avanzado en la mejora de su legislación anticorrupción, algunos aspectos clave, como las normas sobre puertas giratorias, financiación de los partidos políticos y protección de los denunciantes, siguen siendo fragmentarios o no existen.
Con Información de euronews