La preocupación sobre la preponderancia de las ayudas en Alemania y Francia
En lo que se refiere a subvenciones, Alemania y Francia son los reyes de Europa, dejando a los otros 25 países del bloque cruzados de brazos como meros espectadores de su hegemonía conjunta.
Las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea confirman lo que muchos temían desde hace meses: desde que Bruselas modificó las normas sobre ayudas estatales del bloque en marzo de 2022 para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Rusia en Ucrania, Berlín y París suman el 77% de los 672.000 millones de euros de programas aprobados.
Los cambios permitieron un desembolso más rápido y sencillo de los préstamos subvencionados, las subvenciones y las garantías estatales para las empresas que intentan escapar de la quiebra bajo el peso de las facturas energéticas disparadas, las interrupciones de la cadena de suministro y las respuesta del Kremlin a las sanciones.
Alemania y Francia, dos pesos pesados de la industria, hicieron buen uso de la enmienda: Berlín obtuvo luz verde de la Comisión Europea para más de 356.000 millones de euros en ayudas económicas -un asombroso 53% de toda la ayuda extraordinaria-, mientras que París obtuvo el 24%, lo que se tradujo aproximadamente en 161.000 millones de euros.
Italia quedó en un lejano tercer puesto, con 51.000 millones de euros (7,65% del total), y Dinamarca ocupó el cuarto lugar, con 24.000 millones. En conjunto, los otros países del bloque representan menos del 12% del resto de las ayudas estatales aprobadas por la Comisión Europea, es decir, unos 78.000 millones de euros.
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“Estas cifras están sujetas a cambios diarios y las ayudas aprobadas no se corresponden necesariamente con las ayudas que los Estados miembros han desembolsado”, ha asegurad a Euronews un portavoz de la Comisión Europea, señalando que la cifra de 672.000 millones de euros era una “estimación óptima” basada en 200 decisiones adoptadas.
Hay que iniciar un debate real
Aunque Berlín y París han disfrutado históricamente de un papel político y económico dominante dentro de la Unión Europea, las sorprendentes cifras han hecho reflexionar a otras capitales en un momento crítico en el que las subvenciones han vuelto a ocupar un lugar destacado en la agenda del bloque.
El debate lo suscitó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Washington, un programa masivo de créditos fiscales y reembolsos directos promovido por el presidente Joe Biden que favorece descaradamente a la tecnología verde de fabricación estadounidense.
En los próximos diez años, la IRA repartirá hasta 369.000 millones de dólares entre empresas y consumidores que deseen producir, invertir y comprar productos como paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, vehículos eléctricos, baterías y electrolizadores, pero sólo si estos productos se fabrican principalmente en Norteamérica.
La UE considera esta disposición discriminatoria, injusta e ilegal, y teme que la repentina inyección de dinero desencadene un devastador éxodo industrial a través del océano Atlántico, dejando cientos de fábricas desiertas y miles de trabajadores en paro.
La cuestión ha adquirido una dimensión casi existencial que se añade a una serie de retos que han marcado una época y contra los que el bloque ha luchado en un periodo de tiempo muy condensado.
¿Cómo debe responder exactamente Europa esta vez?
De momento no hay un consenso claro. Como era de esperar, Alemania y Francia han unido sus fuerzas para reclamar un nuevo impulso a las subvenciones, e incluso una estrategia “made in Europe”, mientras que otros países, como los Países Bajos, Irlanda, Polonia, la República Checa y los nórdicos, han pedido cautela antes de relajar aún más las normas sobre ayudas estatales.
“Tenemos que iniciar un debate real sobre cómo mejorar la productividad, cómo aumentar la competitividad y cómo atraer a más empresas basándonos en nuestras propias capacidades y no en normas a largo plazo sobre ayudas estatales”, ha declarado el Primer Ministro sueco, Ulf Kristersson, cuyo país ocupa la presidencia de turno del Consejo de la UE.
Una competencia exclusiva y codiciada
Técnicamente, por ayuda estatal se entiende cualquier forma de apoyo económico concedido por un gobierno a una determinada empresa o grupo de empresas que genere una ventaja sobre sus competidores.
Dado que las economías de los 27 Estados miembros están profundamente interconectadas y son interdependientes, la Comisión Europea goza de competencia exclusiva para examinar los programas de ayudas estatales y decidir si se preserva o amenaza la competencia leal en el mercado único.
Si las implicaciones son demasiado perjudiciales, el Ejecutivo tiene derecho a anular la propuesta, prohibiendo desembolsar las subvenciones a un Estado miembro.
Sin embargo, en realidad, alrededor del 91% de las iniciativas de ayuda estatal están exentas del escrutinio de la Comisión, como la asistencia social, el desarrollo, las infraestructuras de transporte, la ayuda en caso de catástrofes naturales, la cultura, la educación, la protección del medio ambiente, la innovación y la digitalización.
Por ejemplo, un Estado miembro no necesita notificar a Bruselas si quiere destinar dinero a libros de texto para escuelas primarias, subvenciones para cineastas nacionales o expansión de Internet en zonas desfavorecidas.
Esto deja fuera una pequeña pero crítica fracción de subvenciones -las que tienen un marcado carácter industrial- que la Comisión debe evaluar cuidadosamente.
Los llamados “marcos temporales de crisis”, como el presentado en marzo del año pasado para paliar la crisis económica provocada por la guerra y la crisis energética, añaden mayor flexibilidad a la evaluación interna y permiten aprobaciones más rápidas y de mayor alcance.
Con la avalancha de subvenciones verdes estadounidenses que se cierne sobre el continente, Bruselas trabaja en otro marco de crisis para convencer a los fabricantes verdes europeos de que mantengan sus negocios en casa.
“Propondremos adaptar temporalmente nuestras normas sobre ayudas estatales para agilizarlas y simplificarlas. Cálculos más fáciles. Procedimientos más sencillos. Aprobaciones aceleradas”,ha dicho martes la Comisaria europea Ursula von der Leyen ante la audiencia del Foro Económico Mundial de Davos.
Von der Leyen ha hablado de exenciones fiscales y ayudas específicas para “contrarrestar los riesgos de deslocalización por subvenciones extranjeras”.
“Pero”, ha señalad la presidenta, “también sabemos que las ayudas estatales sólo serán una solución limitada que sólo unos pocos Estados miembros podrán utilizar”.
“Debe ser en interés de los 27 Estados miembros”
Aunque von der Leyen evitó señalar con el dedo, las últimas cifras publicadas por su propio Ejecutivo indican que los “pocos” países que se beneficiarán de un aumento de las ayudas estatales serán aquellos que gocen de una amplia capacidad fiscal y una fuerte voluntad política. A saber, Alemania y Francia.
Lo más preocupante es que las estadísticas reflejan una creciente disonancia entre las subvenciones nacionales y el sector industrial, que afronta los mayores riesgos de la costosa crisis energética y los tentadores créditos estadounidenses.
Según Eurostat, el país con mayor producción manufacturera fue Alemania, con el 27% del valor de la producción vendida en la UE en 2021, seguida de Italia (16%), Francia (11%) y España (8%). Es decir, Alemania y Francia representaron el 38% de la producción industrial total.
Si nos fijamos en las cifras del PIB, aparece una disonancia similar: según el Banco Mundial, toda la economía de la UE tenía un valor de 17,18 billones de dólares en 2021, de los que Alemania aportaba 4,26 billones y Francia 2,96 billones.
Pero cuando se trata de las ayudas estatales extraordinarias aprobadas desde marzo de 2022, los dos pesos pesados se llevaron casi el 80% de todo el apoyo directo aprobado por Bruselas, un enorme desajuste que amenaza con sacudir todo el mercado único y dejar a los Estados miembros más pequeños y más pobres exhaustos mientras Berlín y París marchan con su contraofensiva de subsidios.
“No hay tiempo que perder para establecer una nueva política industrial europea que apoye la industria verde y anime a las industrias a deslocalizarse en territorio europeo”, ha declarado el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire.
“No es una política que queramos poner en marcha sólo para Francia y Alemania”, añadió. “Debe redundar en interés de los 27 Estados miembros”.
La Comisión Europea se ha comprometido a crear un ‘Fondo Europeo de Soberanía’ para ofrecer fuentes de financiación común a los gobiernos que no puedan permitirse o rechacen la opción de ayudas estatales agresivas.
Pero este fondo sigue siendo una idea sobre el papel y no está claro cómo se financiará, ya que el presupuesto para siete años del bloque ya está negociado y apenas queda espacio para acomodar nuevos gastos. Tampoco está claro si este fondo, una vez creado, podrá compensar el empuje de las subvenciones germano-francesas.
La idea de emitir deuda común de la UE, como hizo el bloque para establecer el plan de recuperación del coronavirus por valor de 750.000 millones de euros, ha ganado adeptos, pero sigue contando con la oposición de algunos países frugales, entre ellos, y de forma crucial, Alemania.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, firme defensora del libre mercado y responsable de la política de competencia, ha prometido facilitar las subvenciones a las tecnologías verdes, pero con algunas advertencias.
“Puede ser un impulso a corto plazo, por supuesto, pero no construimos competitividad a base de subvenciones. Debe ser un ajuste temporal”, declaró Vestager ante el Parlamento Europeo. “Construimos competitividad a partir de un mercado que funcione bien, dinámico e innovador”.
Con Información de euronews