INMIGRACIÓN

‘Todo proceso de migración forzada es un acto de violencia grupal’

La nueva estrategia migratoria de EEUU tendrá un alto costo político para el régimen de Cuba, advierte el doctor en Ciencias Políticas cubano Leduan Ramírez Pérez.

Después que Washington cambiara su política migratoria hacia los cubanos, introduciendo la figura del parole humanitario y un nuevo procedimiento para emigrar, que pretende poner freno al flujo a través de sus fronteras terrestres, la oleada de interrogantes ha dejado fuera el carácter político que siempre ha tenido la opción migratoria en las relaciones entre el régimen de Cuba y EEUU.

Desde los llamados Vuelos de la Libertad, el puente marítimo de Camarioca, el éxodo del Mariel y la Crisis de los Balseros de 1994, el castrismo siempre utilizó la migración como válvula de escape para sus tensiones internas y como mecanismo de presión para su enemigo del norte.

Pero con la nueva situación, que según Washington busca garantizar una migración “ordenada y segura”, justo lo que pide La Habana en sus declaraciones al referirse al asunto, ¿qué va a pasar con los migrantes cubanos hacia EEUU? Ello, aparejado a la reanudación de los servicios consulares de la Embajada de Washington en Cuba y al cumplimiento en 2022 por vez primera en media década de la cuota de entrega de visas de migrante, ¿qué impacto político tiene sobre el régimen de la Isla? 

DIARIO DE CUBA conversó con el doctor en Ciencias Políticas cubano Leduan Ramírez Pérez, egresado del doctorado de investigación en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2019, con la tesis “Transnacionalismo migrante en condición de Estados de origen con régimen autoritario: el caso de los cubanos en México”.

Ante una situación migratoria que hoy iguala a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, al menos en términos de elegibilidad, ¿cómo queda el tan discutido privilegio migratorio cubano?

La política migratoria de Estados Unidos iguala a esos cuatros grupos de nacionales en cuanto la negativa a reconocer la posibilidad de solicitud de asilo y refugio en los Estados Unidos de manera tradicional. Es decir,
presentándose en frontera y solicitando el asilo. Esta es la práctica tradicional, según la legislación norteamericana (sección 101(a)(42) la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) en el caso de refugiados, y en su caso del asilo, según la sección 208(a)(2)(B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Pero hay que reconocer que no existe tal igualdad en cuanto a los tipos, flujos y procedimientos de la migración en cada uno de los casos. Tampoco existe dicha igualdad en cuanto a las causas fundamentales de la migración en cada grupo. La elegibilidad en este sentido solo está condicionada a cuestiones de seguridad (después de la revisión) y a contar con un patrocinador de la solicitud. En este sentido, hablar de privilegio sigue siendo una máscara para el tratamiento de la migración cubana.

El debate del llamado privilegio a los migrantes cubanos parte de la generalización del tratamiento a este fenómeno. Las razones principales de ese desacierto es el análisis mismo de las condiciones de la migración y las magnitudes de la misma. También por el mecanismo de limpieza que hace del Gobierno de origen. Y cabe señalar que todo proceso de migración forzada es un acto de violencia grupal. Es decir, los gobiernos administran la migración, pero en ningún momento se preocupan realmente por atender las causas que la originan.

En este caso, el origen mismo de la migración cubana es la pésima gestión gubernamental y política de los gobernantes cubanos. No hay privilegios en el hecho de migrar. Nadie tendría que abandonar su tierra por cuestiones políticas, económicas y sociales. Enfocarse en los cubanos como privilegiados es realizar una segmentación y favorecer el odio entre grupos migrantes. Cuando posicionas en un discurso académico a un grupo “privilegiado” frente a otros, pones a ese grupo en el centro de un debate incorrecto que, a la larga, en lugar de abundar en el desarrollo de derechos, hará lo contrario: los restringirá.

Con los pasos realizados por el Gobierno norteamericano, lo que se evidencia es que ese supuesto privilegio siempre estuvo condicionado y que no era absoluto. En este sentido, solo basta recordar que durante este año fiscal que pasó se han producido más de 4.000 retornos a la Isla bajo los acuerdos de 1996.

La Habana ha apoyado sus críticas a EEUU sobre el tema migratorio en que la Casa Blanca usa la cuestión para afectar su prestigio, y enfatiza en exigirle una migración “ordenada y segura”. Ahora que Washington ha hecho justo eso, ¿cuáles serían los argumentos del régimen para cuestionar a su enemigo histórico?

La Habana siempre ha jugado a la extensión de las responsabilidades en cualquier materia de política pública y derechos humanos. Es decir, las causas principales de los problemas y dificultades siempre son externas a la gestión gubernamental de la Isla.

Pero el argumento de La Habana se derrumba cuando observamos la diversificación de los destinos en la última década. Aunque la migración cubana sigue eligiendo mayoritariamente a Estados Unidos como destino final, es importante mencionar que estos se han ampliado, incluyendo a Europa, siendo España e Italia los principales destinos, así como México, Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay los más importantes en el continente americano.

Esto es evidencia suficiente para identificar que no es el Gobierno estadounidense quien limita la relación con los migrantes, sino el propio Gobierno de la Isla. De igual manera, el Gobierno cubano observa a sus migrantes como fuentes de recursos económicos y no como parte de la nación. En este sentido, lo que realmente le importa al Gobierno cubano es sostener y alentar una relación de índole económica, puesto que no reconoce la participación política en las decisiones nacionales.

Cabe mencionar, además, que estas decisiones políticas no fueron tomadas al azar y que sin dudas La Habana tiene conocimiento de dichas decisiones desde mucho antes. Solo recordar que en 2022 hubo varias reuniones en La Habana y en Washington para abordar el tema migratorio cubano. Y también cabe mencionar que hubo presiones hacia los gobiernos de tránsito, como México, para atender esta situación. Por tanto, se le puede señalar una amplia responsabilidad al Gobierno de la Isla, que sabiendo lo que se implementaría en el futuro, siguió alentando la salida vía Nicaragua.

Ahora bien, en el sentido de narrativa y discurso político, el Gobierno cubano seguirá culpando al “bloqueo” como la causa principal del desastre económico y social cubano. El embargo será el argumento principal, esta vez bajo la excusa de que impide la reunificación de los cubanos. El argumento a utilizar será el turismo de la nostalgia y el de reunificación familiar, bajo la excusa de la insuficiencia en las cantidades, las frecuencias y los procesos. Pero cabe mencionar que Cuba, por ejemplo, no permite que los cubanos naturalizados en otro lugar puedan viajar con su nueva nacionalidad. Lo que de forma directa es una clara evidencia de la utilidad formal de los migrantes y la subordinación que estos tienen a la legislación cubana.

El otro argumento continuará siendo la cantidad de remesas que puedan enviar a la Isla, las formas y la utilización de los bancos y redes de transferencia internacional para el flujo de capitales entre los migrantes y la Isla. Seguirán culpando al “bloqueo”, a los problemas para el acceso al mercado internacional y a la “poca” voluntad del Gobierno norteamericano para comerciar con la Isla. Pero se sabe que esto solo ocurre en el discurso oficial, porque el verdadero responsable de la situación cubana es su propio Gobierno.

¿Qué futuro tiene la variable de “sacarle vapor a la caldera” que ha usado el régimen por décadas, en caso de que ocurra un nuevo estallido social en Cuba? Asimismo, ¿cómo manejará en lo adelante La Habana su estrategia represiva de expatriaciones forzadas?

A ese tipo de solución se le conoce como válvula de escape. Es un concepto ampliamente utilizado en los estudios sobre migración, sobre todo en contexto de origen autoritario. En el caso cubano, esa válvula ha funcionado de manera eficiente y ha permitido que se cambie el punto de atención.

Es decir, durante la pandemia la situación explotó sencillamente porque los cubanos no tenían a dónde dirigirse y todas las fronteras estaban cerradas. Por lo que las manifestaciones del 11J se produjeron en gran medida porque los cubanos no tenían hacia dónde ir. Es por ello que, no en balde, en noviembre de 2021 se abrió el libre visado a Nicaragua. Las negociaciones fueron un éxito para los gobiernos involucrados. Cabe mencionar, por ejemplo, que el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en la intervención posterior al 11J, amenazó con una salida de ese tipo, cuestión que cumplió posteriormente. De todas las válvulas, esta sin dudas fue la mayor, no solo por la cantidad, sino por el tiempo en el que se produjo y las formas de la misma.

La respuesta a la pregunta es que difícilmente en el corto plazo se produzca un nuevo estallido social. No porque no existan causas suficientes, sino por las fuerzas de esas manifestaciones. Con esta salida masiva, quienes principalmente migraron fueron los jóvenes. Por lo tanto, lo que se encuentra hoy en Cuba es principalmente una población envejecida, que no tiene las fuerzas para organizarse y promover un nuevo estallido social de esa magnitud.

De igual manera, se han ampliado las legislaciones que reprimen aún más cualquier acto que sea contrario al Gobierno cubano. El Código Penal es el ejemplo perfecto. No obstante, el Gobierno cubano ya no tiene la misma fuerza ni el mismo nivel de convocatoria. Esto es evidente en las respuestas y la participación digital de los cubanos. Hoy en día, los cubanos no se expresan libremente en público, pero sí se hace mediante las redes sociales. El Gobierno lo sabe.

Además, los líderes actuales han caído en una esfera de descrédito popular y solo mantienen el poder gracias al control del aparato represivo y las prebendas a sus militares. Puede que no haya un estallido masivo como el observado el 11J, pero sin dudas continuarán de manera gradual las muestras de insatisfacción hacia las políticas insulares.

Por otra parte, la política de las expatriaciones seguirá siendo de manera muy selectiva y de forma silenciosa. Es decir, a La Habana no le conviene que sus actos de violación de los derechos humanos quede expuesta a la opinión internacional. Por tanto, estas expatriaciones no serán masivas, porque tampoco les conviene en número.

Lo que sí sería importante es que los cubanos pudieran conocer que este tipo de acciones es una práctica violatoria de todo derecho. Es posible que las prácticas de exiliar a los opositores continúen, pero lo que no debe suceder es que los cubanos nos olvidemos de los que, aún estando en prisión injustamente, no desean salir del país. Ellos son, hoy en día, los principales opositores a las políticas represivas de La Habana.

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Con Información de diariodecuba