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El largo y complicado camino de Turquía para acceder a la UE

La ambición turca de ingresar en la Unión Europea ha sufrido múltiples altibajos desde que se presentó la solicitud por primera vez en 1987.

Turquía sabe lo que es quedarse a las puertas de la Unión Europea.

Este país de casi 85 millones de habitantes ostenta el desafortunado récord de contar con el proceso de adhesión más largo: lleva más de 36 años. Ningún otro país candidato de Europa del Este o de los Balcanes Occidentales se acerca siquiera al dilatado camino de Turquía hacia la UE.

De hecho, desde que Turquía presentó su solicitud oficial el 14 de abril de 1987 para formar parte de lo que entonces era la Comunidad Económica Europea (CEE), 16 países han recibido la luz verde a sus candidaturas, lo que hace aún más flagrante la omisión de Ankara.

Tras una sucesión continuada de altibajos, promesas y amenazas, es cada vez más evidente que la adhesión de Turquía es un caso único que Bruselas no acaba de aprender a gestionar.

De Atatürk a Hallstein

Para entender las ambiciones de Turquía en la UE hay que remontarse a los tiempos de Mustafa Kemal Atatürk, el líder revolucionario que se resistió a la partición del país tras la Primera Guerra Mundial y obligó a los Aliados a que negociarán condiciones favorables para el país en el Tratado de Lausana.

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Esto allanó el camino para la proclamación de la República de Turquía el 29 de octubre de 1923 como un sistema parlamentario de partido único con un presidente, el propio Atatürk, como jefe de Estado.

Atatürk inició entonces una rápida serie de reformas para construir un país moderno y occidentalizado: en el lapso de una década, la recién formada república fue testigo de la abolición del Califato, la introducción de un alfabeto de escritura latina, una serie de leyes de inspiración europea, cambios drásticos en los códigos de vestimenta y la promulgación del laicismo en la constitución.

Esta transformación radical dio sus frutos. En 1949, Turquía fue uno de los primeros países en unirse al Consejo de Europa, la organización de derechos humanos con sede en Estrasburgo. En 1952, se convirtió en miembro de la OTAN, la alianza militar transatlántica creada en oposición directa a la Unión Soviética.

Para entonces, Ankara había puesto su objetivo en el incipiente proyecto de integración europea en Europa Occidental. En 1959, el país solicitó ser miembro asociado de la Comunidad Económica Europea (CEE), petición que le fue concedida cuatro años más tarde.

“Turquía forma parte de Europa”, declaró Walter Hallstein, presidente de la Comisión de la CEE, al celebrar la firma del acuerdo de asociación en septiembre de 1963. “Es un acontecimiento sin parangón en la historia de la influencia ejercida por la cultura y la política europeas. Diría incluso que percibimos en él un cierto parentesco con el más moderno de los acontecimientos europeos: la unificación de Europa”, aseguró.

Pero el primer gran obstáculo se erigió en el verano de 1974, cuando las tropas turcas invadieron la parte norte de Chipre en respuesta a un golpe de Estado auspiciado por la junta militar griega. El conflicto partió la isla en dos, una división aún vigente que pesa sobre los sueños europeos de Turquía.

Una declaración largamente esperada

Sin embargo, el acuerdo de asociación proporcionó a Ankara una base sólida para avanzar gradualmente. En 1987, Turquía presentó formalmente su solicitud de adhesión a la CEE, formada entonces por 12 miembros, entre ellos Grecia. En aquel momento, el PIB per cápita de Turquía era de 1.700 dólares, muy lejos de los más de 16.000 dólares de Alemania y Francia.

La enorme brecha económica, unida al colapso de la Unión Soviética, la reunificación de Alemania y las persistentes malas relaciones con Chipre y Grecia, frenaron la candidatura de Ankara.

Durante este tiempo, se esperaba que Turquía llevara a cabo reformas adicionales para cumplir con los llamados criterios de Copenhague, las normas fundamentales que determinan la elegibilidad de un país para ingresar en la UE. Los criterios, establecidos en 1993, imponen normas estrictas en materia de democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, protección de las minorías y economía de mercado.

Mientras tanto, Bruselas ofreció a Ankara un paso intermedio en forma de unión aduanera para el comercio de bienes distintos de la agricultura, el carbón y el acero, que empezó a funcionar plenamente a principios de 1996.

No fue hasta diciembre de 1999 cuando los líderes de la UE, durante un Consejo Europeo celebrado en Helsinki, declararon unánimemente a Turquía país candidato, abriendo la puerta para que Ankara se uniera a sus filas en pie de igualdad. “Turquía es un Estado candidato destinado a ingresar en la Unión sobre la base de los mismos criterios que se aplican a los demás Estados candidatos”, escribieron los dirigentes en sus conclusiones conjuntas.

La declaración no era meramente retórica: daba a Turquía acceso a millones de fondos de la UE en concepto de ayuda de preadhesión.

La capacidad de absorción

Con la ampliación de 2004, la UE avanzó claramente hacia el Este y dio la bienvenida a un total de 10 nuevos miembros, muchos de los cuales habían estado sometidos al puño de hierro de la Unión Soviética. Para Ankara fue un asunto incómodo: el país había presentado su candidatura mucho antes que cualquiera de los recién llegados, incluido Chipre, y seguía esperando a que arrancara el proceso de adhesión.

En 2005, el Consejo adoptó finalmente el marco para las negociaciones, un documento de nueve páginas salpicado de referencias al Estado de Derecho, la “capacidad de absorción” de la UE, la importancia de las “buenas relaciones de vecindad” y la posible suspensión de las conversaciones.

“El objetivo común de las negociaciones es la adhesión. Estas negociaciones son un proceso abierto, cuyo resultado no puede garantizarse de antemano”, dice el documento.

“Si Turquía no está en condiciones de asumir plenamente todas las obligaciones de la adhesión, debe garantizarse que Turquía quede plenamente anclada en las estructuras europeas mediante el vínculo más fuerte posible”.

El marco sirvió de guía principal a la Comisión Europea, encargada de dirigir las negociaciones. Las conversaciones se dividen en 35 capítulos, una empresa muy compleja que pretende alinear perfectamente al candidato con todas las normas de la UE.

El capítulo sobre ciencia e investigación fue el primero en abrirse en 2006 y se concluyó provisionalmente ese mismo año. En la década siguiente, Turquía, bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan, consiguió abrir otros 15 capítulos. Pero no se ha cerrado ninguno.

Paralización total

La década de 2000 fue un periodo de impresionante crecimiento económico para Turquía: su PIB per cápita se triplicó con creces, pasando de 3.100 dólares en 2001 a 10.615 en 2010, mientras que los servicios se expandieron rápidamente gracias a sectores como el transporte, el turismo y las finanzas, profundizando en la modernización del país.

Aun así, la evolución no fue suficiente para superar las tensiones en el Mediterráneo y las crecientes reticencias entre los líderes de la UE, algunos de los cuales empezaron a sugerir que una adhesión a tiempo completo podría sustituirse por una “asociación privilegiada”, un gran no para Ankara.

“Entre la adhesión y la asociación (especial), que Turquía dice no aceptar, hay una vía de equilibrio que podemos encontrar”, dijo el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en 2011. “La mejor manera de salir de lo que corre el riesgo de ser un callejón sin salida es encontrar un compromiso”.

En respuesta a las cautelosas palabras procedentes de París, Berlín y Viena, Erdoğan subió la apuesta y dijo que esperaba que la adhesión se completara en 2023, coincidiendo con el centenario de la república. La crisis migratoria de 2015-2016 dio a Turquía influencia política al ser el país que se interponía entre el bloque y millones de refugiados sirios y afganos.

Pero las cosas se torcieron tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016, un episodio crítico que llevó a Erdoğan a reforzar su control del poder y consolidar lo que los críticos denunciaron como un gobierno unipersonal.

En noviembre de ese año, los diputados del Parlamento Europeo aprobaron una resolución en la que criticaban las “medidas represivas desproporcionadas” introducidas bajo el estado de excepción y pedían una “congelación temporal” de las negociaciones de adhesión.

El referéndum de 2017 para instaurar un sistema presidencial unitario que otorgaba al jefe del Estado amplios poderes ejecutivos socavó aún más la candidatura de Ankara y avivó las críticas de funcionarios y legisladores de la UE, con algunos cuestionando incluso si Turquía podía seguir considerándose un candidato elegible según los criterios de Copenhague.

El rápido deterioro culminó en junio de 2018, cuando los Estados miembros dejaron en suspenso las negociaciones.

“El Consejo observa que Turquía se ha ido alejando cada vez más de la Unión Europea”, decían las conclusiones de una reunión celebrada en junio de 2018. “Por lo tanto, las negociaciones de adhesión de Turquía se han estancado efectivamente y no se puede considerar la apertura o el cierre de ningún otro capítulo”.

Desde entonces, los avances han sido casi inexistentes.

Liberado de la expectativa de tener que cumplir las normas de la UE, Erdoğan ha arreciado sus denuncias contra Occidente, ha ordenado controvertidas operaciones de perforación en el Mediterráneo oriental y ha mantenido lazos activos con Vladímir Putin a pesar de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

La relación entre Bruselas y Turquía, que técnicamente sigue siendo un país candidato, está tan dañada que es ahora sospechosa de ayudar a Rusia a eludir las sanciones de la UE.

El informe sobre la ampliación de 2022 publicado por la Comisión Europea ofrece un sombrío balance de la situación actual.

“El Gobierno turco no ha invertido la tendencia negativa en relación con las reformas, a pesar de su reiterado compromiso con la adhesión a la UE”, reza el informe. “No se han abordado las graves preocupaciones de la UE sobre el continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la independencia del poder judicial”.

Con Información de euronews