Aplazan hasta agosto juicio contra parole humanitario en EEUU
Un juez federal aplazó el juicio contra el parole humanitario. La decisión significa un alivio para miles de aspirantes al beneficio de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Un juez federal decidió aplazar hasta el 24 de agosto el inicio del juicio contra el parole humanitario puesto en vigor por la administración de presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para estimular la migración legal de nacionales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
La nueva fecha del proceso judicial, agendada primero para abril y luego para el el 13 de junio, proporciona más tiempo para que familias y patrocinadores en EEUU puedan presentar solicitudes de parole a sus allegados y un alivio de al menos unos meses a quienes esperan respuesta de sus casos.
La demanda contra el beneficio migratorio fue impuesta el 24 de enero por los gobiernos de 20 estados contra la administración Biden ante el Tribunal Federal de Texas, al que piden detenga el programa bajo los argumentos de que el presidente Biden no está facultado por la ley para crear un programa de visados que debería tener la anuencia del Congreso.
Los estados de la Florida y Texas, ambos republicanos y con una gran población migrante, encabezan la acción judicial, en la que acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su titular, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, entre otros, de violar la ley federal de inmigración y de una extralimitación del Poder Ejecutivo.
La demanda indica que “los estados demandantes (…) enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad de libertad condicional, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados”.
La denuncia estaba liderada por el ahora exfiscal general de Texas, Ken Paxton, que acaba de ser destituido temporalmente de su cargo bajo acusaciones de conducta criminal y lapsos éticos.
El juez del distrito de Victoria, Texas, Drew B. Tipton, fue quien decidió aplazar hasta agosto la fecha del juicio. Tipton ya había denegado la moción hecha el 14 de febrero por los estados demandantes para que se suspendiera temporalmente el programa mientras continúa el proceso.
La administración de Joe Biden puso en marcha la medida como una solución a la crisis migratoria en la frontera sur estadounidense, y esta fue implementada en octubre, primero para venezolanos y luego ampliada en enero a las otras tres nacionalidades, que en su conjunto contabilizan la mayoría de las entradas irregulares al país.
El programa está diseñado para disuadir los cruces fronterizos ilegales y en su lugar ofrecer al mes unos 30.000 permisos de residencia y trabajo temporal por dos años.
El intento de ingresar al territorio de EEUU de forma irregular descalifica al aspirante, que tampoco podrá ingresar sin autorización a México o Panamá. Autoridades migratorias han atribuido al programa el descenso en arribos ilegales a la frontera sur.
En abril pasado, 28.738 venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos entraron a territorio estadounidense a través del parole humanitario , informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
“Las llegadas de no ciudadanos a través de estos procesos, que incluyen una investigación cuidadosa y requieren un patrocinador presente en Estados Unidos, son un testimonio del beneficio de estos procesos legales”, dijo CBP en su reporte mensual.
El récord en las llegadas de migrantes desencadenó una crisis en la frontera sur, que dejó a albergues y refugios desbordados en varias ciudades del país y provocó críticas tanto de demócratas como de republicanos a la gestión del presidente Biden, que ha defendido su manejo de la cuestión migratoria.
Según datos del DHS dados a conocer este martes, el número de entradas ilegales a EEUU a través de la frontera suroeste ha disminuido más del 70 por ciento luego del 11 de mayo, cuando terminó el Título 42.
Desde el 12 de mayo hasta el 2 de junio, DHS había repatriado a 38.400 no ciudadanos bajo las autoridades del Título 8, la ley migratoria de larga data vigente en la actualidad, que establece la deportación de migrantes irregulares y la prohibición para acceder a vías legales de migración por cinco años.