Madre separada de su hija en la frontera logra recuperarla tras larga batalla judicial
Un reportaje del diario The Washington Post revela la odisea que vivió una madre inmigrante guatemalteca que en 2018 fue separada de sus dos hijas menores de edad en la frontera con México luego que le presentaran cargos criminales durante el gobierno de Trump.
Una madre guatemalteca que fue separada forzosamente en la frontera de sus hijas Mildred (9) y Wendy (16) en diciembre de 2017, deportada sola a su país de origen y en 2021 recibió una visa para reunirse con la más pequeña, ahora de 14, una batalla que ahora se lleva a cabo en un complejo sistema cuya última palabra no la tiene el gobierno federal, sino un juez de una corte de California.
Se trata del caso de la inmigrante Magdalena Hernández Pérez, una de las más de 5,000 familias golpeadas por la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump quien interpuso cargos criminales a quienes venían en busca de asilo por entrar ilegalmente al país y, que además eran separados de sus hijos.
Hernández vive y trabaja en Nashville, Tennessee, y sigue con su batalla judicial por ahora con futuro incierto, reportó el diario The Washington Post el fin de semana.
Documentos judiciales de la corte de distrito sur de California, en San Diego, revelaron en el segundo semestre de 2018 que las separaciones forzadas ordenadas por el entonces fiscal general Jeff Sessions entre mayo y junio de ese año afectaron a 2,654 menores. Pero un informe interno del DHS reveló meses después que las separaciones forzadas comenzaron varios meses antes y afectaron a miles de familias cuyo número total se desconoce.
En enero de 2019 Univision Noticias publicó un reporte titulado ‘Terror en la Frontera’ donde reveló que la política de separaciones forzadas durante el gobierno de Trump inició en abril de 2017 tras un memorando enviado por Sessions a los fiscales estatales ordenándoles que iniciaran el proceso de levantar cargos criminales a los extranjeros que ingresaran sin autorización al país, sin tener en cuenta si venían en busca de asilo.
Al proceder a levantar cargos criminales, la ley permitió al DHS separarlos de sus hijos mientras el acusado encaraba el juicio. Una vez resuelto el caso criminal, entonces el padre podía recuperar la custodia del menor. Pero el gobierno no diseñó un protocolo adecuado para garantizar la reunificación.
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El regreso a EEUU de Magdalena Hernández
The Washington Post señala que Hernández Pérez recibió una visa autorizada por el gobierno de Joe Biden para volver a Estados Unidos en 2022 y poder reunirse con su hija Mildred, más de cinco años después “de que fueran separados por agentes de la Patrulla Fronteriza” en la frontera con México. Pero la pregunta de un juez se cierne sobre su futuro: ¿Es Magdalena la persona adecuada para criar a su hija?
La inmigrante argumenta que se encuentra legalmente con una visa otorgada en el marco de un programa de reunificación iniciado en febrero por el gobierno de Biden y que tiene permiso para trabajar legalmente otorgado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Ella ha prometido durante el proceso que puede cuidar de su pequeña, pero a pesar de las explicaciones a la corte, la niña sigue estando con su familia de acogida.
Cuando a los padres les levantaron cargos criminales en la frontera, los hijos menores fueron entregados a familiares que residían en Estados Unidos. Quienes no tenían familiares fueron enviados al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) quienes posteriormente los refirieron a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y estos, a su vez, los remitieron a hogares sustitutos de crianza.
Mildred fue separada de su madre cuando tenía 9 años, en diciembre de 2017, en un centro de detención de inmigrantes en Arizona. Estaban entre las primeras familias de inmigrantes en ser separadas por el gobierno de Trump mientras buscaban asilo en la frontera, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso.
El programa de reunificaciones lanzado por Biden, en febrero de 2021, ha logrado a la fecha reunificar más de 1,500 familias y otras 500 o 600 están en proceso de ser reunificadas. Sin embargo, debido a casos como el de Hernández, los procesos no han sido completados y tampoco se ha logrado establecer con certeza cuántas familias en total fueron separadas, cuántos padres fueron deportados solos y dónde se encuentra ahora quienes fueron expulsados bajo este programa considerado ilegal por los tribunales de justicia. “Siguen surgiendo casos”, dijo el periódico.
Dificultades legales para la reunificación
Por ahora nada está escrito respecto al proceso de reunificación de Hernández. The Washington Post menciona que ha habido envíos de fotografías entre la pequeña y su madre biológica, y también imágenes donde aparece Mildred, con grandes ojos marrones y largo cabello castaño, en la iglesia con sus padres adoptivos.
La menor separada forzosamente de su madre durante el gobierno anterior ha estado viviendo con su familia adoptiva en el condado de Riverside, California, durante casi cinco años. Pero el juez de la causa, Kenneth J. Fernandez, no está convencido de que una reunión fuera el mejor resultado para Mildred.
“Entiendo que los administradores de varios programas gubernamentales quieren establecer plazos arbitrarios para que las cosas sucedan, pero me tomo muy en serio mi trabajo para la protección de los niños”, dijo Fernández a abogados y defensores en diciembre. Y los padres adoptivos tampoco querían entregar a Mildred.
El proceso de reunificación, además, se ha visto complicado porque en 2018, después de ser deportada, Magdalena Hernández firmó un documento que autorizaba a Crittenton Services for Children and Families, una agencia de crianza temporal, a cuidar a sus hijas. La mayor tiene más de 18 años y toma sus propias decisiones.
“No sabía que firmar esos papeles crearía una tutela que sería difícil de terminar”, explicó la inmigrante en una declaración. “Firmé esos papeles porque podía escuchar la desesperación en las voces de mis hijas cuando les hablaba, y porque quería que mis hijas estuvieran con una familia hasta que me las pudieran devolver”.
Tampoco sabía que California tiene algunas de las leyes de protección infantil más restrictivas del país, destinadas a proteger a los menores de padres abusivos o negligentes. Ahora esas leyes, que exigen que cualquier decisión sobre la custodia sea en el “mejor interés del niño”, están siendo utilizadas en contra de Magdalena Hernández.
The Washington Post reportó que finalmente Magdalena recuperó la tutela de su pequeña Mildred, pero hay dudas sobre el impacto en la menor por el tiempo separadas.