Entra en vigor la ley migratoria SB 1718 de Florida y el temor devasta a miles de trabajadores indocumentados
Florida emplea a unos 391,000 trabajadores indocumentados en seis rubros, entre ellos agricultura y construcción. Los inmigrantes ganaron unos $12,600 millones en salarios en 2019, invirtieron en el estado y pagaron impuestos estatales y federales.
Florida se convierte a partir de este 1 de julio en el estado con la ley migratoria más dura de estados Unidos. El 10 de mayo el gobernador Ron DeSantis promulgó la SB 1718 aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras de la Asamblea estatal de mayoría republicana que, entre otras medidas, sanciona con hasta 30 años de cárcel el traslado de indocumentados, prohíbe licencias de conducir emitidas por otros estados y exige a los hospitales preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.
En los días previos a su entrada en vigor, decenas de inmigrantes y trabajadores salieron a las calles en las localidades Jupiter y Lake Worth Beach, en centro del estado, para protestar contra la nueva legislación estatal que también ordena a las empresas con más de 25 empleados utilizar el sistema de verificación federal E-Verify.
Inmigrantes y empleadores han advertido que la nueva legislación causará daños importantes a la economía del estado y que está presionando para que un porcentaje importante de la fuerza laboral indocumentada, sobre todo agrícola, huya hacia otros estados en busca de un mínimo de seguridad para no ser detenida y puesta en proceso de deportación.
“Hay mucho nerviosismo, angustias e incertidumbre”, dijo a Univision Noticias dice Jessica Ramírez, organizadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (Farmworker Association of Florida). “La gente no sabe qué va a pasar a partir de ahora y tampoco sabe con certeza cómo se va a implementar esta nueva ley y a qué nivel”, agregó.
La asociación estima que en Florida hay unos 800,000 trabajadores del campo, la mayoría provenientes de México y Centroamérica. Univision Noticias preguntó a la asociación una estimació o registro sobre los trabajadores que en las últimas semanas se marcharon a otros estados y Ramírez consideró que “entre el 8% y el 10% de la comunidad trabajadora se ha marchado de Florida en busca de lugares más seguros”.
A su vez, activistas que defienden los derechos de los inmigrantes también señalan que la SB 1718 disuadirá a las víctimas de crímenes de ponerse en contacto con la policía para denunciar hechos delictuales o buscar atención médica ante el riesgo de que les pidan o pregunten sobre sus estados migratorios, los arresten y les inicien un proceso para ser expulsados de Estados Unidos.
Con Información de Univisión