INMIGRACIÓN

Qué significa la estrategia de Biden de cambiar la política migratoria fronteriza y qué consecuencias tendrá

Hasta ahora se sabe que en las discusiones a puertas cerradas se habla de encarcelamiento masivo de solicitantes de asilo, traslado de agentes de asilo de USCIS a México y Panamá, legalización limitada y sin ciudadanía para dreamers, más seguridad fronteriza y ninguna mención a vías de legalización -si califican- para millones de indocumentados que llevan tiempo en EEUU.

El gobierno de Joe Biden estudia planes para modificar la política migratoria, de acuerdo a filtraciones que han llegado a medios de comunicación del país. Se refieren al flujo migratorio en la frontera con México y planes para endurecer requisitos que regulan la inmigración legal.

Los reportes detallan reuniones secretas en el Senado entre legisladores demócratas, republicanos e independientes para incluir estos y otros cambios radicales en el debate sobre el presupuesto de gastos 2024.

“Poner fin a nuestro sistema de asilo, restringir radicalmente el acceso a vías migratorias legales, limitar la libertad condicional para inmigrantes o prohibiciones unilaterales de tránsito no deberían ser el centro de gravedad de ninguna negociación seria para encontrar soluciones a los desafíos migratorios de nuestro país”, dice Andrea Flores, vicepresidenta de políticas y campañas de inmigración de FWD.us, un grupo de presión integrado, entre otros, por líderes de la comunidad tecnológica tal como Facebook, LinkedIn, Google y Dropbox.

Los temores señalados por Flores son compartidos por otras organizaciones nacionales y grupos de derechos civiles, quienes temen que la estrategia de la Casa Blanca por controlar y manejar la crisis que se vive en la frontera sur cause daños irreparables al debido proceso migratorio.

A su vez, el gobierno de Biden se topa con las exigencias de los republicanos que, sin su apoyo, cualquier requerimiento de fondos se estanca. El presidente pidió sin éxito en octubre con carácter de urgencia $14,000 millones para aumentar la seguridad en la frontera, contratar agentes de la Patrulla Fronteriza, jueces de inmigración, crear nuevos tribunales de inmigración y aumentar la capacidad de centros de detención, entre otros rubros.

La falta de dinero extra para la frontera, además, impacta la capacidad de respuesta del gobierno federal y ello permite que el flujo migratorio en la frontera se complique más.

Reforma migratoria y asilo no van juntos

“Hay que separar la reforma migratoria de los casos o la política de asilo”, dice la abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “La reforma da un alivio a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que están aquí, algunos desde hace décadas. Para mi esa es una cuestión punto y a aparte”.

Respecto a la política de asilo, agrega, “siempre el enfoque ha sido endurecer la ley, crear más barreras. Pero en el actual debate, sobre todo cuando algunos en el Congreso están hablando de encarcelar a la totalidad de los peticionarios de asilo, habría que preguntar a qué costo y si en realidad vale la pena hacer eso en lugar de mantener el status quo”.

“Cuando vienen madres con niños los dejan entrar y luego son liberados sin fianza y los juicios se demoran”, señala. Cabe recordar que la Corte de Inmigración (EOIR) tiene más de 2.2 millones de casos acumulados y en promedio la resolución de casos tarda entre 3 y 4 años, un problema grave incluido en la lista de requerimiento de fondos urgentes al Congreso por parte del gobierno.

“Creo que como plataforma se oye bien decir ‘vamos a hacer más difícil las cosas para quienes vienen en busca de asilo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho”, indica Velásquez. Y pregunta “¿quién va a decirle al Congreso el costo para implementar todo esto que están diciendo que quieren hacer?”

Con Información de Univisión