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A Una Semana del Contundente Triunfo de Bukele en las Elecciones de El Salvador, Persisten Interrogantes sobre la Configuración del Congreso.

El Tribunal Electoral confirmó la contundente victoria en los comicios presidenciales, pero los resultados en la legislativa, a la espera del conteo voto a voto, son más cuestionables

Ha pasado una semana desde que Nayib Bukele fue reelegido con un porcentaje abrumador de los votos emitidos por los salvadoreños el pasado 4 de febrero. Dos horas después del cierre de urnas, el presidente se había declarado ganador con el 85% de los sufragios; el Tribunal Supremo Electoral anunció, varios días después, que había ganado con ese porcentaje..

Ajustes de cifra aparte, lo cierto es que casi 8 de cada 10 salvadoreños que emitieron su voto se expresaron con claridad por Bukele, el político de 42 añosque se presentó con un pequeño partido de derecha en las presidenciales de 2019, las cuales ganó con comodidad. Amparado por cifras de popularidad que no bajaron del 75% durante sus primeros cinco años de gobierno según las encuestas, y por un polémico plan de seguridad pública que incluyó un pacto secreto con las pandillas MS13 y Barrio 18 pero disminuyó las cifras de criminalidad, Bukele y su partido han ocupado casi todos los espacios políticos del país y controlan con comodidad todo el aparato del Estado.

Esas credenciales permitieron a Bukele abrirse un camino a la reelección, a pesar de que el reenganche está prohibido en la Constitución.

Bukele se reeligió gracias una interpretación hecha por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le permitió pasar de largo por prohibiciones expresas escritas en la ley primaria salvadoreña. Los jueces que hicieron esa interpretación habían sido impuestos a dedo en 2021 por diputados fieles al bukelismo.

El presidente reelecto había reclamado su victoria muy pronto el domingo 4 de febrero. A pocas horas del cierre de las urnas y sin datos oficiales, Bukele dijo que sus números le daban el triunfo incontestable en la presidencial y 58 de las 60 sillas que forman el Congreso unicameral del país.

Pronto, también, la comunidad internacional empezó a felicitar el triunfo del mandatario salvadoreño. Sus colegas centroamericanos fueron los primeros en publicar felicitaciones en la red X, a las que siguieron, un día después, las enhorabuenas de Estados Unidos, a través del secretario de estado Antony Blinken, de la Unión Europea, de México, de Cuba y Nicaragua.

Las misiones internacionales de observadores presentes en El Salvador también dieron el “OK”. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que venía de jugar un rol central en el apoyo a la toma de posesión del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, avaló los comicios presidenciales salvadoreños. “La amplia diferencia entre el candidato ganador y sus contrincantes no deja dudas sobre los resultados electorales y coincide con los datos recabados por la Misión”, dice en un comunicado que publicaron el 6 de febrero, dos días después de las elecciones. Horas después, la ONU publicó un texto similar.

La OEA, no obstante, destacó algunas deficiencias que atribuyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo rector de las elecciones y que también está bajo el control del oficialismo. A lo largo de la noche del domingo 4 de febrero y la madrugada del lunes 5, miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en todo el país hicieron denuncias sobre anomalías e irregularidades, la mayoría atribuibles al tribunal. Entre ellas: la permisividad para que personas identificadas, afiliadas o simpatizantes de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, estuvieran a cargo en la mayoría de los centros de votación, y, tras el cierre de urnas, fallos informáticos que impidieron la transmisión de resultados y obligaron a detener los conteos durante horas cuando apenas se había registrado el 30% de los resultados en la presidencial y no había siquiera iniciado el conteo de la legislativa.

La OEA dijo en su informe que daba “cuenta de deficiencias y malas prácticas que afectaron aspectos de equidad y transparencia de los comicios”, sobre todo en la capacidad sancionatoria del TSE, lo cual afectó “la confianza ciudadana de algunos actores políticos y sociales en el proceso electoral”.

Tras celebrar su victoria en la plaza central de San Salvador el domingo 4 por la noche, con un discurso en el que habló de un “sistema democrático de partido único”, de haber “pulverizado” a la oposición, y de haber cuestionado a la prensa crítica presente en el acto, Nayib Bukele desapareció del ojo público. Se ha mantenido en su reducto preferido, la red X, antes Twitter, desde donde ha seguido atacando a lo oposición, ha reproducido felicitaciones que le han llegado del extranjero, y ha reposteado publicaciones de cuentas anónimas que destacan su triunfo arrollador, reproducen imágenes del acto de celebración en la capital salvadoreña o de un video producido por Casa Presidencial con el título: “Así se ve una democracia”.

Una de las cuentas sin nombre que Bukele retuiteó escribió esto: “Así se ve una figura como la del César, y el fervor que inspira”; el texto acompaña un video de la celebración postelectoral.

Reclamos de irregularidades por el control del Congreso

La seguridad con que el oficialismo salvadoreño reclama la reelección de Nayib Bukele en la presidencial celebrada el 4 de febrero, sin embargo, no parece igual de firme en el reclamo por el resultado en las elecciones del Congreso unicameral. En ese conteo, que al final se hará voto por voto tras el fracaso del TSE de brindar un resultado preliminar y ante múltiples denuncias de irregularidades, que van desde el extravío de urnas completas hasta muestras de que la cadena de custodia del voto en la legislativa se rompió la noche del 4 de febrero y quejas porque el oficialismo ha enviado a todo su aparato a apoderarse del control del conteo.

Incluso la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, aceptó en una reunión privada con miembros de varios partidos políticos los fallos durante la transmisión de resultados y otras anomalías reportadas por la prensa y por ciudadanos que estuvieron en los centros de votación. Martínez habló, incluso, de una posible intervención externa al tribunal para boicotear el conteo. “No descartamos, posiblemente, que hayan intervenido para que las cosas sucedieran como sucedieron”, se escucha a la funcionaria en un audio de esa reunión filtrado al periódico digital El Faro de El Salvador.

La presidenta del TSE dijo, también, que pediría la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar lo ocurrido la noche del 4 de febrero. Ha sido imposible confirmar si el fiscal general, Rodolfo Delgado, también impuesto a dedo por los diputados de Bukele, ha abierto algún expediente.

Todos los partidos de oposición se han quejado de las anomalías. Vamos y Nuestro Tiempo, dos formaciones nuevas de centro derecha, opuestas a las políticas de Bukele, reclaman varias sillas en el Congreso y han sido los más vocales en las protestas.

“Con todas las irregularidades que han pasado, hay que valorar repetir la elección. Pasaron 48 horas en que no tuvimos noticias de cómo fueron custodiados los paquetes electorales”, dijo Claudia Ortiz, diputada y candidata a reelegirse en el Congreso por Vamos. “Hemos sido muy claros, al TSE no le estamos exigiendo ni un voto más ni un voto menos, lo único que le estamos exigiendo es que sean completamente transparentes con lo que la gente expresó el domingo”, reclamó, por su parte, Andy Failer, candidato a diputado por Nuestro Tiempo.

En El Salvador los escrutinios preliminares en las elecciones legislativas han servido históricamente para dar una idea inicial de la composición del Congreso. A falta de ese conteo en esta ocasión, el único número que sigue existiendo en la opinión pública salvadoreña es el que dio Bukele a pocas horas del cierre de urnas el domingo: su partido, dijo, había ganado 58 de 60 diputados “como mínimo”. Toda la oposición, formada además por el FMLN ARENA, los partidos tradicionales, han reclamado al presidente por su anuncio y aseguran, cada uno, que tienen más de una silla en el Congreso.

Por ahora, el tribunal electoral decidió que el escrutinio final se hará en el estadio Mágico González, el más antiguo de la capital.

Por lo visto hasta ahora, tanto en las urnas el 4 de febrero como en las instalaciones hoteleras donde se han estado reuniendo partidos y TSE para los conteos, el gobierno de Bukele y su partido Nuevas Ideas dominarán la supervisión de ese escrutinio. El presidente despachó a su jefa de gabinete, Carolina Recinos, a liderar la revisión. Recinos ha sido señalada por actos de corrupción y sancionada por Estados Unidos por, supuestamente, ser parte de una red internacional de lavado de dinero.

La muerte de un ex asesor y los escasos anuncios para un segundo período

La oposición política alega, basada en conteos preliminares que atestiguaron en los centros de votación el domingo y que no llegaron a ser transmitidos en actas de escrutinio por los fallos del TSE, que Bukele y Nuevas Ideas no dominan la legislativa con la misma solvencia que la presidencial. Ninguno de los partidos políticos se ha atrevido a decir que lograrán romper, como bloque, las mayorías legislativas del presidente, pero sí que la oposición no está pulverizada, como Bukele dijo en su celebración.

Todo el asunto del conteo retrasado, de los fallos del tribunal electoral y de la preparación de un tenso escrutinio final sigue ocupando a El Salvador a casi una semana de haberse realizado las presidenciales y legislativas. Ese era, hasta el jueves 8 de febrero, la conversación que acaparaba titulares de prensa y la huella digital salvadoreña hasta que, ese día, fue anunciada la muerte de un ex funcionario de Bukele al que el presidente y su fiscal habían metido preso tras acusarlo de traición.

Alejandro Muyshondt, ex asesor de seguridad e inteligencia del gobierno, murió el 7 de febrero de un edema pulmonar. La familia se enteró un día después por una llamada que les hicieron desde Medicina Legal, el instituto forense estatal. Sin embargo, al menos dos de los parientes del ex asesor han dicho a varios medios salvadoreños que dudan de esa versión sobre la causa de la muerte.

Muyshondt, quien había sido uno de los colaboradores más cercanos de Bukele desde que este era alcalde de San Salvador, entre 2015 y 2019, fue arrestado en agosto de 2023 luego de que había denunciado corrupción de Ernesto Sanabria, secretario de prensa del presidente, y la posible alianza de diputados del oficialismo con narcotráfico. Fue Bukele mismo, no el fiscal general, quien anunció el arresto de Muyshondt y los delitos de los que lo acusaban, entre ellos el de filtrar secretos oficiales. Después, el ex asesor desapareció en el sistema de prisiones, como miles de salvadoreños durante el régimen de excepción que dura desde marzo de 2022 luego de la ruptura de un pacto de gobernabilidad entre el gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18. La familia de Muyshondt denunció que lo habían drogado y le habían practicado una craneotomía sin consentimiento. Después, el anuncio de la muerte.

Casos como el de Muyshondt y decenas de señalamientos e investigaciones por corrupción y otros crímenes a Bukele y su entorno fueron asunto común durante su primer periodo, pero nada opacó la popularidad que garantizó su reelección.

Los conteos electorales que no terminan y la muerte del ex asesor han mantenido ocupado al oficialismo durante la primera semana postelectoral. No ha habido tiempo para anuncios sobre lo que viene en el segundo periodo presidencial, más allá de la confirmación que el presidente hizo durante su discurso de celebración de que el régimen de excepción continuará.

Dos funcionarios que trabajaron con el Ejecutivo de Bukele durante el primer periodo confirmaron a Infobae bajo condición de anonimato por seguridad que cambios en el gabinete son posibles. “Parece que los únicos blindados por ahorita son los del ramo de seguridad, que han sido el caballito de batalla del presidente”, dijo uno de los oficiales.

Otro funcionario confirmó que el gobierno se prepara para afrontar más de lleno la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de USD 1.4 mil millones que a Bukele le urgen para mantener a flote las finanzas públicas. Esas negociaciones han estado estancadas, entre otras cosas por la insistencia del gobierno salvadoreño de no derogar la ley que puso en circulación el Bitcoin, lo cual el Fondo recibió con la ceja arqueada.

Aún faltan, sin embargo, varios días de tensión por el conteo de votos y los cálculos sobre la composición del Congreso. Falta saber si, como dijo en su celebración, Bukele verá cumplido su deseo de una Asamblea Legislativa sin apenas diputados opositores, de un sistema, como dijo, de un solo partido.

Con Información de Infobae