LATINOAMÉRICA

Mientras impulsan la reforma agraria en Brasil, crecen los conflictos por la tierra y los más afectados son los indígenas

La aprobación del proyecto de ley fue una dura respuesta al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Su objetivo es presionar al gobierno en favor de una reforma que reclaman hace años

El martes, el lobby del agronegocio en la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley contra la invasión de tierras tanto rurales como urbanas. El texto del PL 709/23 pone fin a los beneficios de los programas federales para los invasores de propiedades privadas y propone prohibir que los ocupantes ilegales de tierras ocupen cargos públicos. El proyecto de ley fue redactado por Marcos Pollon, del Partido Liberal (PL) y el ponente Ricardo Salles, ex ministro de Medio Ambiente del gobierno de Bolsonaro y acusado de exportación ilegal de madera.

La aprobación del proyecto de ley fue una dura respuesta a la movilización del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que en abril, como todos los años, desencadenó el llamado “Abril Rojo”, una movilización que ha llevado a 32 ocupaciones desde principios de mes hasta la fecha, con la intención declarada de alcanzar más de 50 ocupaciones a finales de abril. El objetivo es presionar al gobierno Lula en favor de una reforma agraria que el MST reclama desde hace años. El 15 de abril, el presidente presentó el programa “Tierra del Pueblo”, que considera una estrategia para lograr esta reforma. El objetivo del programa es determinar qué tierras están disponibles para ser ocupadas por los campesinos. Se calcula que 295.000 hogares recibirán ayuda del programa de aquí a 2026.

Queda por ver en qué medida se materializará realmente la reforma agraria en este gobierno. Basta con mirar el presupuesto para este año. Es de 660 millones de reales, 128 millones de dólares, menos que en todos los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula. De 2003 a 2016, primero con Lula y luego con Dilma Rousseff, nunca hubo un momento en que esta cantidad fuera inferior a 2.500 millones de reales. Brasil tiene más de 59 millones de hectáreas de tierras en disputa, una situación que se arrastra desde hace décadas como consecuencia última del latifundismo de la época colonial y que se ha agravado bajo el gobierno Lula.

La Comisión Pastoral de la Tierra advirtió en un informe publicado el lunes que los conflictos en el mundo rural brasileño alcanzaron en 2023 la cifra récord de 2.203, casi un 10% más que en 2022, cuando se contabilizaron 2.193, y el número más alto desde que comenzaron los registros en 1985. La Pastoral de la Tierra está vinculada a la Confederación Nacional de Obispos de Brasil y es un órgano de referencia sobre la cuestión agraria en el país. Entre los principales delitos registrados, el informe destaca las invasiones ilegales de tierras (359), seguidas de los tiroteos (264) y la destrucción de propiedades (101). Con nada menos que 810 casos, la región norte de Brasil concentra el mayor número de conflictos. Especialmente delicada es la situación en la llamada región AMACRO, que abarca 32 municipios de Acre, Amazonas y Rondonia y se ha convertido en epicentro del acaparamiento de tierras. La única nota positiva es que hay un descenso de la violencia contra las personas, incluyendo una disminución del 34% en el número de asesinatos, de 47 en 2022 a 31 en 2023. Sin embargo, no faltaron episodios trágicos, como el homicidio de Mãe Bernadete, asesinada a tiros en su casa de Simões Filho, municipio de 111.000 habitantes del estado de Bahía, mientras veía la televisión con sus nietos. La mujer era un miembro importante de las comunidades quilombolas, antiguas comunidades de esclavos ahora reconocidas por el gobierno con una serie de beneficios.

Entre los fenómenos preocupantes que están surgiendo se encuentra la formación de verdaderas milicias rurales armadas. Por ejemplo, la ONG Justicia Global ha denunciado al grupo de latifundistas de Bahía que se hace llamar “Invasión Cero”. Según la organización no gubernamental, “se trata de un grupo de terratenientes, empresarios y políticos que se constituyen como personas jurídicas para delinquir. Mapean a las comunidades indígenas, campesinas y tradicionales e intentan desalojarlas de sus territorios con violencia, con armas y sin autorización judicial”. Un grupo que, según informa el sitio de noticias Repórter Brasil, está siendo investigado por la Policía Federal. “Invasión Cero ha sido imitada en otros ocho estados de la federación y cuenta ya con unos 15.000 miembros, según sus organizadores. El grupo incluso ha prestado su nombre a un frente parlamentario, que fue lanzado a finales de 2023 en el Congreso en un evento al que asistió Jair Bolsonaro, cuando ya era expresidente de la República”, dijo el periodista Conrado Corsalette en un podcast del sitio de noticias Nexo Jornal.

Según el informe de la Pastoral de la Tierra, los indígenas son la categoría que sufre más violencia: el 29,6%. Por eso ahora también se autodefienden. Por ejemplo, el martes, en la región de Homoxi, en el estado amazónico de Roraima, la comunidad local yanomami detuvo por sí sola a un grupo de doce mineros ilegales que habían invadido sus tierras. A continuación, los indígenas entregaron al grupo a agentes de la Fuerza Nacional. Homoxi es una de las zonas más amenazadas por la minería ilegal y pertenece a los 9,6 millones de hectáreas que componen el territorio yanomami.

Mientras tanto, indígenas de todas las etnias protestan desde el lunes y hasta hoy en Brasilia, donde acampan como todos los años frente a la sede del Parlamento con el Campamento Tierra Libre, organizado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. El tema central de sus manifestaciones es la delimitación de territorios y una de sus principales reivindicaciones es frenar los proyectos de ley del Congreso que favorecen los intereses de la bancada ruralista, empezando por el Marco Temporal. A pesar del veto de Lula en octubre, la ley del Marco Temporal fue aprobada por el Congreso como reacción inmediata al Supremo Tribunal Federal (STF), que había fallado en contra de la idea. Según esta ley, sólo se consideran indígenas los territorios que lo eran en 1988, cuando se promulgó la Constitución. Para los ruralistas, el criterio serviría para resolver conflictos territoriales y dar seguridad jurídica y económica a indígenas y propietarios.

Los indígenas, por su parte, argumentan – y esa era también la interpretación del STF – que su derecho a la tierra es anterior al Estado brasileño y, por lo tanto, no puede limitarse a una fecha: “Sólo en el primer mes de aplicación de la ley del Marco Temporal, la expansión del agronegocio y el uso de la tierra para monocultivos y minería han causado nueve asesinatos de indígenas y 23 conflictos en territorios localizados en siete estados y cinco biomas”, reza una carta abierta de los indígenas a las instituciones brasileñas. El documento cita el asesinato del líder indígena Nega Pataxó Hã-Hãe el 21 de enero en la tierra de Caramuru-Paraguaçu, en el estado de Bahía. Otras tres personas, entre ellas el hermano de la víctima, resultaron heridas en el enfrentamiento. A mediados de abril, el Procurador General de la República se había pronunciado en el STF a favor de los indígenas, afirmando que diecisiete artículos de la nueva ley debían considerarse inconstitucionales, entre ellos la limitación temporal y las normas que permiten, por ejemplo, la vuelta de los procesos de demarcación a etapas anteriores y la revisión de tierras ya demarcadas. Sin embargo, el martes, en un golpe de efecto, uno de los jueces del STF, Gilmar Mendes, suspendió todos los casos que cuestionaban la validez del Marco Temporal y dio a las partes implicadas 30 días para llegar a una conciliación.

En la organización de la manifestación indígena en Brasilia no faltaron momentos de fricción con los máximos representantes de las instituciones, como el presidente de la Cámara, Arthur Lira, del partido Progresistas, que prohibió a los indígenas proyectar en las fachadas del Parlamento frases en defensa de la demarcación de tierras, como “demarcación es democracia” y “el futuro de los indígenas es demarcación ya”. Lira pertenece al lobby ruralista pero justificó su veto apelando a la ley del Marco Temporal aprobada por el Congreso. Los indígenas también mostraron su decepción con el gobierno Lula. El momento más agudo de la crisis con el presidente se produjo la semana pasada, cuando él demarcó dos nuevas tierras indígenas pero excluyó cuatro que estaban previstas. “Decidimos firmar la demarcación de sólo dos, sé que esto frustró a algunos compañeros, pero no lo hice para mentirles. Lo hice porque tenemos un problema y es mejor intentar resolverlo antes de firmar”, se justificó Lula ante una audiencia de representantes de las comunidades indígenas del país. Según el presidente, algunos gobernadores habían pedido más tiempo para resolver la situación en estos territorios.

El gobierno había prometido demarcar 14 tierras indígenas antes de 2023, pero hasta ahora sólo se han demarcado ocho. “Si hay que sacar a la gente de esta zona, se pueden elaborar millones de posibilidades políticas y jurídicas para que este proceso no castigue a los más pobres. Pero los derechos ancestrales no se negocian, no deben negociarse nunca y el presidente Lula ha asumido hoy que estaba negociando. Esto es inaceptable”, dijo Dinamam Tuxá, coordinador de la Apib (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil), que este año por primera vez decidió no invitar a Lula a su campamento en Brasilia. Sin embargo, a finales de marzo, el presidente, reunido con su colega francés Emmanuel Macron, había recurrido a las “pocas tierras indígenas demarcadas” en Brasil para pedir a los países industrializados “que ya han deforestado” que ayuden financieramente a países como Brasil en la preservación de los bosques tropicales.

Mientras tanto, en el Parlamento, el lobby del agronegocio avanza como un tanque. Un nuevo paquete de proyectos de ley que fragiliza la legislación ambiental está avanzando, aprovechando que desde principios de este año la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aún no ha celebrado ninguna sesión oficial de debate. Uno de los proyectos que estudia la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado propone reducir el área legal de protección de la Amazonia y podría allanar el camino para la deforestación de 8,5 millones de hectáreas, según el Observatorio del Código Forestal, una tragedia no sólo para los indígenas brasileños sino para todo el mundo.

Con Información de Infobae