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CIDH: Venezuela no adoptó en 2023 medidas para restablecer la separación de poderes

Venezuela, al igual que Cuba, Nicaragua y Guatemala, figura en el Capítulo IV del informe anual 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a las serias infracciones a los derechos humanos y las acciones que contravienen los principios interamericanos, lo cual afecta la democracia representativa.

A pesar de los múltiples llamamientos y recomendaciones de la CIDH y otros organismos internacionales, en el año 2023, el régimen no implementó medidas adecuadas y eficaces para restaurar el orden democrático y preservar la separación e independencia de los poderes públicos, cita la página web del Examen DDHH Venezuela.

Esto, según la Comisión ha permitido al Poder Ejecutivo mantener el control sobre el Poder Judicial, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Poder Legislativo, así como imponer una política sistemática de represión y amedrantamiento en contra de personas y organizaciones que defienden derechos, que manifiestan disenso con el gobierno, que son opositoras o percibidas como tales.

Según la CIDH, después de más de una década de intervenciones indebidas y arbitrarias, el Poder Ejecutivo ha conseguido dominar las diferentes ramas del poder público.

El proceso de cooptación de las instituciones ha sido notablemente facilitado por la carencia de independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Desde 2015, esta entidad ha funcionado como una prolongación del Poder Ejecutivo, tomando decisiones sistemáticamente perjudiciales para el Estado de Derecho, la separación de poderes y la participación política. Esto constituye una flagrante violación de los estándares establecidos en la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos pertinentes.

El informe indica que la sumisión de las instituciones al Poder Ejecutivo tuvo dos consecuencias significativas en 2023. En primer lugar, no se implementaron medidas enérgicas para abordar la impunidad de las violaciones ocurridas en años anteriores, especialmente durante las protestas de 2015 y 2017. Se recuerda en el informe que la gravedad, sistematicidad e impunidad de dichas violaciones llevaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a iniciar una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, un acontecimiento sin precedentes en el hemisferio occidental.

La segunda consecuencia de la falta de independencia de los poderes fue el acceso discriminatorio a la función pública. Durante este año, la Contraloría General de la República confirmó las sanciones de inhabilitación impuestas a líderes opositores con aspiraciones presidenciales. Además, el Ministerio Público inició investigaciones penales contra las personas que organizaron las denominadas «elecciones primarias», un ejercicio ciudadano de consulta destinado a determinar quién competiría por la presidencia en la oposición en 2024. «Estos eventos demuestran que las instituciones del ámbito público nacional operan principalmente para garantizar la continuidad del partido en el poder y no para promover y proteger los derechos humanos», afirma la Comisión.

Además, la CIDH señala que persisten situaciones estructurales que restringen gravemente el ejercicio de los derechos humanos, especialmente en lo que concierne a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

La escasa disponibilidad de estos derechos llevó a que en 2023 quinientas mil personas se vieran obligadas a abandonar el país.

Desde 2015, más de 7 millones de individuos han experimentado un desplazamiento forzoso, lo que representa la mayor migración de la región y una de las más significativas a nivel global.

«Este movimiento migratorio responde a una estrategia de supervivencia para salvaguardar derechos como la vida, la integridad personal, la salud y la alimentación», señala la CIDH.