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Liberación bajo fianza a integrantes del Tren de Aragua: Fiscalía de Chile inicia investigación

El Ministerio Público anunció este jueves el comienzo de una investigación administrativa luego del controvertido procedimiento judicial en el que se revocó la medida de prisión preventiva a cinco integrantes del Tren de Aragua.

“La Fiscalía Regional de Coquimbo informa que dispuso una investigación administrativa respecto a las circunstancias ocurridas en el contexto de la audiencia de revisión de medidas cautelares del lunes 3 de junio pasado en el Juzgado de Garantía de Los Vilos”, se indicó en un comunicado.

Recordemos que cinco individuos pertenecientes al Tren de Aragua, que estaban en detención preventiva, fueron liberados tras el pago de una elevada fianza de $5 millones cada uno, reseñó BioBioChile en su sitio web. 

La jueza del Tribunal de Garantía de Los Vilos, Daniella Pinto Cortés, modificó la medida cautelar de los imputados, acusados de secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita, y los colocó bajo arresto domiciliario, con la obligación de firmar mensualmente y el impedimento de abandonar el país.

Los individuos fueron arrestados a finales de 2023 por cometer esos delitos en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Se sospecha que el grupo delictivo está compuesto por ocho personas, incluidos individuos venezolanos, colombianos y un chileno.

Después de la controversia, la Corte de Apelaciones de La Serena ordenó mantener en prisión preventiva a los cinco individuos. Sin embargo, actualmente se desconoce el paradero de estos sujetos.

Según el tribunal de apelación, no se presentó ningún elemento que justificara un cambio en la medida cautelar previamente impuesta.

“En otras palabras, nos encontramos en un escenario idéntico a aquel que motivó, en su momento, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva para cada uno de los encartados”, señala el fallo.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, antes de la reversión de la libertad de los imputados, había señalado que, aunque el Ejecutivo respeta la autonomía de los poderes del Estado, “cuesta mucho entender esa decisión”.