LATINOAMÉRICA

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ordenó la cancelación de dos partidos políticos

La decisión tomada afecta a Nuestro Tiempo y Cambio Democrático al haber alcanzado los votos necesarios que requiere la Ley de Partidos Políticos en las pasadas las elecciones presidenciales y legislativas

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador canceló a dos partidos políticos por no haber alcanzado la cantidad de votos que exige la ley para permanecer activos en los comicios en los que el presidente Nayib Bukele obtuvo la reelección.

“El Tribunal Supremo Electoral nos notició de la resolución final con la que lamentablemente han decidido cancelar a Nuestro Tiempo”, informó el jueves el presidente de esa fuerza de derecha, Andy Failer, en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter. El otro partido alcanzado por la medida es el centroizquierdista Cambio Democrático.

Días después de oficializar los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero el Tribunal ordenó abrir el proceso de cancelación por no haber alcanzado los votos necesarios que requiere la Ley de Partidos Políticos.

Según esa norma corresponde la cancelación “cuando un partido político que interviene en una elección de diputados a la Asamblea Legislativa no obtenga 50.000 votos validos emitidos a su favor” siempre y cuando no tengan al menos un diputado en la Asamblea.

En las elecciones legislativas Nuestro Tempo recibió 41.060 votos, el 1,32% de los sufragios válidos emitidos, mientras que Cambio Democrático recibió 12.165 votos, el 0,39%. A su vez ninguno ganó escaños en la nueva legislatura que asumió el 1 de mayo y concluirá el 30 de abril de 2027.

El partido Nuevas Ideas de Bukele, que recibió 2,2 millones de votos, obtuvo 54 de los 60 diputados junto a sus aliados, el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que obtuvieron en total tres escaños.

La Derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) obtuvo dos bancas, mientras que el partido VAMOS sumó un diputado. El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —que gobernó el país entre 2009 y 2019— no obtuvo escaños.

Failer que ha calificado de fraudulento el proceso electoral, afirmó que “las pasadas elecciones han sido quizás las mas desiguales, al menos desde la firma de los acuerdos de paz (de 1992) y hacer política, desde la oposición, en estos tiempos es algo que requiere sacrificios”.

La misión de observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó un informe sobre los comicios presidenciales y legislativos en el que indicó que “el proceso post electoral fue deficiente, lento y desorganizado. Sin embargo, la misión no tiene duda sobre los resultados entregados por la autoridad electoral”.

Primeros nombramientos

El presidente Bukele anunció el miércoles los primeros nombramientos de su segundo mandato, con la toma de posesión de quien será secretario jurídico de su oficina, Gerardo Muñoz Cisneros, y también del nuevo presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Invest), Rodrigo Javier Ayala Claros.

Bukele inició el sábado esta segunda etapa, en la que aún debe terminar de confirmar quiénes formarán parte del Gobierno. La Presidencia explicó en un comunicado que por ahora se mantienen todos los funcionarios del gabinete saliente “hasta los próximos anuncios”. No obstante, la oficina de Bukele destacó que la “continuidad” política en el país centroamericano permite efectuar estos nombramientos con tiempo, fruto de “una evaluación extensa, detallada y responsable para elegir a los funcionarios más idóneos”.

En sus manos, señaló, recaerá “la enorme responsabilidad de mantener los históricos resultados en seguridad (del primer mandato), mientras se resuelven otras necesidades importantes, empezando por la economía”. “El presidente Bukele informará paulatinamente, durante los próximos meses, de todos los cambios necesarios que se realizarán en el Gabinete y en la estructura ministerial”, explicó la Presidencia, que prometió una estricta vigilancia de los funcionarios “para prevenir irregularidades” en el uso de los recursos públicos y depurar responsabilidades.