OPINIÓN

IGUALDAD

Por: Rodolfo Godoy Peña

En una entrevista que concedió esta semana la activista venezolana del movimiento LGBTQ+ Tamara Adrián, la ex – diputada a la Asamblea Nacional disertó jurídicamente – ya que es abogado y profesora en la Universidad Católica Andrés Bello – sobre los tratados internacionales que consagran el derecho al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a las adopciones homoparentales. En un momento determinado de la conversación el entrevistador aprovechó para traer a la mesa unas declaraciones de la diputada Maribel Castillo en las cuales la parlamentaria enfatizó que en el existente marco jurídico venezolano la inclusión de esos “derechos” exigiría una reforma constitucional ya que, según la legislación local, no basta que estén previstos en tratados internacionales. De igual modo la diputada Castillo fijó posición sobre la ideología de género haciendo una defensa del matrimonio hetero – parental, así como su renuencia a la exposición temprana que se le pretende imponer a los niños sobre su sexualidad cuando aún se está en formación.

Por supuesto, y como era de esperarse, la doctora Adrián rebatió los argumentos de la diputada Castillo, pero en esta oportunidad acusándola de promover el discurso de odio contra las minorías sexuales. Valga señalar que siempre resulta muy llamativo advertir que en todos estos debates, o por lo menos en la mayoría de ellos, y sea donde sea, los activistas y defensores de los derechos LGBTQ+ no suelen refutar desde razonamientos objetivos, bien sean estos biológicos, sociológicos, antropológicos, psiquiátricos, genéticos o inclusive éticos, sino que generalmente tienden a calificar como cavernícolas odiadores  a las personas que – con el mismo derecho que tienen ellos de defender su posición – sostiene la perspectiva contraria. No cabe duda de que se banalizan y se vacían de contenidos las discusiones si cualquiera que refute una tesis es automáticamente calificado de ignorante, retardatario o inclusive de resentido y no es reconocido como otro sujeto con el mismo derecho a contradecir.

El fundamento del reclamo de las minorías LGBTQ+ a esos “derechos” que buscan alcanzar es el principio de “igualdad” ante la Ley y que no haya discriminación por su elección sexual, al igual que no debe haberla por motivos de raza, religión o nacionalidad, y es eso  lo que esgrimen para su lucha como leitmotiv. Ahora bien, si la base del movimiento es la igualdad, el respeto a la dignidad humana y la defensa de la libertad para vivir según las propias elecciones o creencias, parece ser todo un contrasentido que muchos activistas y defensores del movimiento LGBTQ+ no reconozcan e irrespeten esas mismas condiciones y ventajas que quieren para sí en las personas que tienen una tesis contraria a la suya y que gozan de idéntico derecho de expresarla sin ser calificados por ejercitar ese derecho.

En el “debate”, si es que se puede llamar así, entre la profesora Adrián y la diputada Castillo subyace la intención principal de los movimientos LGBTQ+, pues con el correr del tiempo pasaron de la etapa de no ser “agredidos” por su condición sexual a intentar imponer una agenda que trasmuta de “perspectiva de género” en “ideología de género” y donde esa visión particular y minoritaria de cada sexualidad que actúa debe modificar de forma obligatoria la conducta de una mayoría heterosexual.

No se puede olvidar que el concepto de “perspectiva” de género se enarboló para promover la igualdad de derechos y de dignidad entre el hombre y la mujer comportando una larga lucha que buscaba eliminar cualquier diferencia en el trato desigual entre ambos sexos, sin renunciar a las diferencias y realidades biológicas inherentes a cada uno.

La cuestión medular consistía en combatir la distinción entre el sexo biológico y el rol sociocultural del sexo (a lo que se denominó “género”) y en donde por ser mujer les correspondía ser ciudadanas de segunda y se les relegaba a ese papel social secundario en buena medida por la visión patriarcal dominante en las culturas antiguas, aunque no cabe duda que ese enfoque ha ido desapareciendo en la sociedad occidental cristiana hasta el punto de que hoy en día es casi inexistente la discriminación hacia la mujer “por ser mujer”.  

El objetivo de la lucha por la “perspectiva” era impactar a la sociedad modificando las circunstancias sociales que perpetuaban la discriminación, la subordinación y la agresividad contra las mujeres, pero el problema surgió cuando la “perspectiva” se trocó en “ideología”, es decir, cuando pasó de ser un método sectorial que permitía visualizar mejor el panorama completo a una interpretación universal de la realidad, pues en el momento en que todo se ampara bajo la cosmovisión del “género” este se convierte en pensamiento único y de obligado pensamiento para todos, siendo de allí donde creo que deviene la reacción virulenta de muchos defensores y activistas de LGBTQ+ que suelen descalificar a los oponentes al momento de refutar posiciones contrarias a sus postulados.

Si es ontológicamente cierto que todos somos iguales en valor y dignidad, no es verdad que la realidad se pueda cambiar solo por voluntad. La persona humana no es solamente alma y espíritu, sino que también es materia, es cuerpo, y eso es una realidad antropológica que no puede ser subvertida únicamente con la propia percepción. En todo caso hay que recordar que la igualdad no es un valor absoluto y que debe armonizarse con otros valores porque si la igualdad pasa a ser un absoluto entonces se coarta la libertad en el ser humano.

Los promotores de la “ideología” de género confunden – creo que intencionalmente en la mayoría de los casos – “diferenciar” con “discriminar”. Discriminar es diferenciar de manera injusta, por ejemplo, cuando se trata de manera desigual lo igual o igual a lo desigual, por lo cual creo que sostener una posición contraria como lo hizo la diputada Castillo no es estar contra la igualdad ni tener el derecho a discriminar, sino que es tan solo una posición que en ningún caso la hace merecedora del calificativo “odiadora” con el cual la tildó la abogada Adrián.

La exdiputada Tamara Adrián, al igual que todos los defensores y activistas de la ideología de género deberían aplicar los mismos principios que reclaman para ellos y permitir, sin insultar o descalificar, que al igual que ellos usan su libertad para defender su posición también están obligados a tolerar que la otra parte del mundo tenga el “mismo” derecho para estar en desacuerdo con ellos, sin que por eso tengan que ser agredidos o discriminados.

@rodolfogodoyp

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