Dos caras la misma moneda

Por: Daniel Godoy Peña

«El futuro nos reserva algo mejor, siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo, seguir trabajando, seguir luchando»

Barack Obama

Como era previsible los dos eventos políticos de mayor trascendencia, las elecciones parlamentarias y la consulta popular promovida desde la Asamblea Nacional, tenían un final que no deparaba sorpresas para nadie, por un lado a partir del próximo 5 de enero el nuevo Parlamento contará con una amplia mayoría a favor del gobierno de Nicolás Maduro y,  por el otro, una consulta popular que movilizó a un sector del país pero cuyo resultado es como la famosa canción de la agrupación La Artillería por allá en los 90: “Es un merengue sin letra… no dice nada”

Pero si analizamos los hechos de los cuales podemos sacar información “oficial” sobre ambos procesos: resultados, números, declaraciones y hasta “carómetros”, podemos comprobar que ambos tienen más coincidencias de las que se creen, independientemente del sector en el que usted se ubique, sea pro gobierno, sea pro oposición, o de ninguno de los dos bandos.

Las dos partes, trataron -por todos los medios posibles- de otorgarle a ambos procesos legalidad y legitimidad. El gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2018 para una parte de las democracias occidentales carece de legitimidad, pues su última elección como presidente de la República estuvo signada por una serie de acciones que no se ajustan a los cánones de las democracias “modernas”, la evidente falta de garantías electorales, la confiscación de partidos de oposición, la modificación de la fecha de elección y la posterior toma de posesión, el ventajismo electoral con el uso obsceno de los recursos del Estado para la promoción de su campaña, la violación de los DDHH, la persecución y encarcelamiento de dirigentes políticos de oposición sin el debido proceso y su juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia, etc.; puso sobre las espaldas de este paquidérmico gobierno un peso que, aunque pudiera estar soportado por la Constitución no le otorga, ni a sus autoridades ni a la elección del pasado diciembre, la legitimidad que tanto anhela cara a buena parte de la llamada comunidad internacional.

Pero en la acera de en frente la situación no es menos complicada, porque la consulta popular tiene un problema de legalidad que, aunque se trate de minimizar u ocultar con interpretaciones de algunos juristas venezolanos y con las declaraciones de apoyo de algunos gobiernos extranjeros encabezadas por la ya en exánime administración de Donald Trump, y uno que otro gobierno de la región, la verdad es que aun en el seno de los casi 50 gobiernos que reconocieron a Juan Guaidó, en 2019, las opiniones sobre la continuidad administrativa de la actual Asamblea Nacional son diversas y, en muchos casos, no aceptan esta “teoría” porque la gran pregunta que nos hacemos algunos en Venezuela -y también los gobiernos en el extranjero- es muy sencilla ¿La consulta popular se realizó para darle continuidad administrativa a la actual Asamblea Nacional o para que el próximo 5 de enero, una vez instalado el nuevo Parlamento, Juan Guaidó y los diputados que decidan acompañarlo se conviertan en una especie de Gobierno en el exilio? Este planteamiento cambia el panorama diplomático porque si bien es cierto que hubo un reconocimiento al gobierno interino, lo que llama la atención es que la mayoría de esos países no retiraron sus representaciones diplomáticas de Venezuela, sino que mantienen relaciones con Maduro y están a la expectativa de lo que hará en materia de política exterior la administración del presidente Biden. Pero independientemente de estos factores exógenos -y como lo expresé en uno de mis artículos escrito con anterioridad- la consulta es inconstitucional.

Era de esperarse que cada proceso tratase de demostrar que contaron con mayor participación que el otro. Desde el gobierno y según las cifras del Consejo Nacional Electoral, la concurrencia en los comicios parlamentarios fue de 7.061.306 de electores, de los cuales 4.277.926 votaron por los candidatos del gobierno, mientras que 2.783.380 votaron por quienes se presentaron como una alternativa, esto representa cerca del 30% de participación del padrón electoral. En la consulta popular -según lo afirmado por sus organizadores- participaron 6.466.791 de personas, desglosadas de la siguiente forma: 3.209.714 presencial en Venezuela, 2.412.354 de manera digital y 844.723 de forma presencial en el extranjero que, de estar todos empadronados en el registro electoral permanente, representaría cerca del 27% del padrón. Ahora bien: vistos los números es lógico que usted pueda hacerse ciertas preguntas y que también sea usted quien saque sus propias conclusiones; ¿Por qué la abstención fue la principal protagonista de ambos procesos? ¿Por qué ninguno de los 2 procesos generó la confianza suficiente en los venezolanos para participar activamente y que ambos cumplieran con todas las garantías necesarias como para creer en los resultados? ¿Qué hubiera pasado -aun cuando no estaban todas las garantías dadas- si los partidos políticos del G4 hubiesen formado una alianza electoral y encauzado sus esfuerzos en agrupar a sus seguidores y animarlos participar el 6D?

Cualquiera de las respuestas que usted pueda tener a las interrogantes anteriores, justificaciones o explicaciones pueden ser válidas y muy respetables, pero, lo que sí parece no tener objeción es que ninguno de los dos bandos pueden –sin el otro y a corto plazo- resolver los problemas más apremiantes que tenemos los venezolanos: una hiperinflación que no permite que la población acceda a la canasta básica y la deficiencia y el deterioro en la prestación de los servicios públicos (agua, electricidad, gas doméstico e internet) de forma violenta y acelerada.

Salvo por el acaecimiento de un hecho estrambótico todo parece indicar que Maduro ni saldrá del poder en el corto plazo, y que la oposición se seguirá debilitando hasta que no se tome la alternativa de un diálogo político serio, con veedores de distintos países, donde se puedan hacer solicitudes muy concretas, elecciones libres y transparentes, eliminación de sanciones -que afectan al pueblo y no al gobierno- y el reconocimiento político y social de ambos. Mientras esto no se dé, tanto el gobierno como la oposición seguirán siendo dos caras de una misma moneda; los eternos contrincantes midiéndose en un partido tenso en el que -como ya pareciera costumbre- el perdedor no será ninguno de los dos bandos, sino Venezuela.

@danielgodoyp